El Gobierno aprueba nuevas reglas de juego y solvencia de las aseguradoras

Madrid, 20 feb (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley que fija las nuevas reglas de juego de las compañías aseguradoras e introduce un nuevo método de cálculo de los requerimientos de solvencia, al mismo tiempo que refuerza el sistema de gobierno corporativo de estas entidades.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en rueda de prensa que el Consejo de Ministros ha dado luz verde al denominado proyecto de ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras, que incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva europea de Solvencia II, modificada por la directiva Ómnibus II.

Según sus palabras, se trata de construir «un nuevo marco» que, entre otras cosas, garantice la solvencia de las aseguradoras, facilite la competencia entre entidades, y promueva la transparencia de la actividad aseguradora y, en general, de los mercados.

Con esta nueva ley se eliminarán las diferencias entre las normas que regulan el sector asegurador en los distintos países europeos y también se reforzará el papel de la Dirección General de Seguros con nuevas competencias de supervisión.

Además, esta normativa pretende proteger al consumidor, tanto al tomador del seguro en cuestión como al beneficiario del mismo, así como minimizar las posibilidades de insolvencia de las aseguradoras en «escenarios económicos adversos», dijo la vicepresidenta.

La normativa busca también mejorar el Gobierno corporativo de este sector, como ha hecho el Ejecutivo cuando ha adaptado directivas europea a la normativa nacional de otros sectores, buscando «fortalecer la transparencia y mejorar la profesionalidad y la honorabilidad de los directivos» de todas esas empresas, explicó.

Según detalla una nota remitida por el Ministerio de economía, la norma aprobada hoy ya lo fue en primera vuelta, el pasado 5 de diciembre, y ahora será enviada a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.

En concreto, el texto incorpora una nueva metodología para el régimen de solvencia de las aseguradoras, que garantiza que las entidades cuenten con capital suficiente incluso en un hipotético escenario de estrés y si se dan simultáneamente una serie de riesgos: de mercado, de contraparte, de negocio asegurador de vida y no vida y riesgo operacional.

Este nuevo modelo de cálculo de capital no implicará nuevas necesidades de capital para el sector asegurador español, ya que todas las entidades cuentan con solvencia suficiente, explica Economía.

El texto también refuerza el gobierno corporativo de las aseguradoras, con normas específicas sobre la honorabilidad y aptitud del consejo de administración y los directivos.

Para ello se intensifica el control de la actividad de todos los departamentos en distintas materias, así como la gestión de riesgos o el cumplimiento de la directiva y se asegura a través de una auditoría interna que los procedimientos internos de las entidades son adecuados.

Con esta ley también se mejoran y unifican los sistemas de información de las entidades aseguradoras al supervisor y se incrementa la transparencia de su situación financiera y de solvencia.

Además, se refuerza el papel de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), a la que se le atribuye la capacidad de dictar guías técnicas (criterios, prácticas o procedimientos que considera adecuados para cumplir la normativa de supervisión) y resoluciones.

A su vez, los nuevos criterios de solvencia suponen un cambio profundo del modelo supervisor, ya que se pasa a un sistema de autorizaciones previas a uno de múltiples procedimientos: modelos internos, casamiento de activos y pasivos, aplicación de medidas de ajuste por volatilidad y clasificación de tramos de capital.

Por último, se regula la llamada figura «mystery shopping», que permite a los funcionarios de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones supervisar las prácticas de comercialización de las aseguradoras, sin necesidad de que se identifiquen previamente.

A partir de ahora, el texto será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria, con el objetivo de que pueda convertirse en ley cuanto antes, pues la directiva entrará plenamente en vigor en toda Europa el próximo 1 de enero de 2016.

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