Bankia tiene hasta el miércoles para pagar los 800 millones de fianza

Madrid, 15 mar (EFE).- Bankia y su matriz, BFA, así como su expresidente Rodrigo Rato y otros tres exconsejeros imputados tienen hasta el miércoles día 18 para evitar el embargo pagando la fianza civil de 800 millones que les impuso el juez Fernando Andreu por presuntas irregularidades en la salida a bolsa de la entidad.

Ese día expira el plazo de un mes que les dio el magistrado para hacer frente a esta cantidad de forma solidaria, aunque fuentes jurídicas aseguran a Efe que aún no se ha concretado el importe que abonará cada uno de ellos, ni tampoco el papel que jugarán las aseguradoras en este asunto.

Lo que sí está claro es que, de no aportar la fianza, el magistrado procederá al embargo de bienes de Bankia y BFA, Rato y su «mano derecha» José Manuel Fernández Norniella, el exconsejero delegado Francisco Verdú y el exvicepresidente José Luis Olivas, hasta alcanzar la cuantía requerida.

Y ello, independientemente, de que alguno pague una parte de la misma, ya que el embargo afectaría a todos, apuntan a Efe otras fuentes, que añaden que el hecho de que todos hayan recurrido la decisión que tomó el magistrado a mediados de febrero no paraliza la obligación de tener que responder a esta medida.

Todos ellos aprovecharon sus escritos para criticar una medida que consideran «lesiva» y «prematura» y que el magistrado había tomado basándose únicamente en el informe de los dos peritos judiciales cedidos por el Banco de España, que cuestionaron las cuentas con las que Bankia debutó en bolsa.

Pero no solo recurrieron ellos, sino que la propia Fiscalía Anticorrupción y el FROB, personado como perjudicado en el «caso Bankia», censuraron duramente el auto del juez apelando al daño que podría ocasionar una medida así para los propios accionistas de la entidad, todos los españoles, al tiempo que se unían a las tesis esgrimidas por los imputados sobre las debilidades de la pericial.

Sin embargo, Andreu ve claro que del trabajo de los dos funcionarios se desprende la comisión de un delito de estafa a inversores tipificado en el artículo 282 bis del Código Penal, castigado con hasta seis años de prisión.

Esta prueba pone de manifiesto «con toda rotundidad que los estados financieros contenidos en el folleto de la OPS de Bankia no expresaban la imagen fiel de la entidad», un extremo que el contrainforme de parte aportado por la entidad no contradice «en absoluto», sostenía en su auto.

De ahí que considerara necesario, pese a reconocer que el daño que ese maquillaje pudo ocasionar a los accionistas que participaron en el debut bursátil «es de muy difícil y laboriosa cuantificación», la necesidad de adoptar una medida cautelar «real».

Más aún cuando la apertura de juicio oral «no se encuentra cercana» y existe el «temor a la inoperancia final» de su investigación, añadía.

Por ello decidió hacer una estimación y calcular una cuantía provisional «proporcionada, adecuada y justificada a los fines», y que es resultado de sumar la tercera parte de los 1.800 millones en acciones que Bankia colocó entre particulares (600 millones) más el tercio establecido en la ley para fianzas civiles.

Y es precisamente este cálculo otra de las cuestiones que los imputados han afeado al juez, sosteniendo que los afectados personados en la causa no reclamaron más de 33 millones de euros.

De ahí que algunos, como el propio grupo y Olivas, consideraran que la fianza no podría en ningún caso superar esos 33 millones, algo sobre lo que se tendrá que pronunciar la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, tras analizar los recursos, será la que tenga la última palabra.

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