La patronal extremeña niega fraude por sobrecostes en cursos de formación

Badajoz, 27 mar (EFE).- La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha negado hoy cualquier tipo de fraude por sobrecostes en los cursos de formación a ocupados y ha apuntado que el Gobierno regional le debe 1.150.000 euros por este concepto.

En rueda de prensa, su secretario general, Javier Peinado, ha aseverado que el dinero recibido «sólo se ha utilizado para formación, no para otra cosa», aunque ha añadido que la patronal «apechugará» en el caso de que algún curso ya impartido no se hubiera ajustado al valor de mercado.

El Gobierno extremeño ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción un presunto fraude con cursos de formación de ocupados por parte de la patronal Creex, los sindicatos UGT y CC.OO., y Cepes, cifrado en más de tres millones de euros.

Según la Consejería de Empleo, hay gastos facturados por las citadas entidades que presuntamente son superiores al coste real.

De la cuantía supuestamente defraudada, estimada inicialmente en más de tres millones de euros, la mitad, unos 1,5 millones, correspondería a la patronal extremeña.

Según Peinado, tanto la Fundación Tripartita (entidad sin ánimo de lucro del sector público integrada por CEOE, Cepyme, CC.OO., UGT, CIG y la Administración General del Estado para impulsar la formación entre empresarios y trabajadores) como el informe provisional de la auditoría del Gobierno regional «justifican que los fines de los cursos están acordes a la subvención».

En este sentido, ha aseverado que la citada Fundación certificó el pasado mes de enero que el 100 % de las actuaciones estaban justificadas, y que la propia auditoría extremeña, en un informe previo, señalaba ese mismo enero que estaba «todo justificado».

Por este motivo, la patronal, según Peinado, está «ávida» de conocer las «cuentas» realizadas por el Gobierno extremeño para hablar de los supuestos sobrecostes.

«Nosotros solo podemos facturar el coste/hora/alumno que marca el decreto y el convenio firmado», ha asegurado.

Considera que el proceso finalmente se quedará en «apreciaciones» sobre si el precio subcontratado con las academias era o no de mercado.

Asimismo, ha expuesto que el Ejecutivo extremeño les debe alrededor de 1.150.000 euros en concepto de cursos de formación a ocupados correspondientes al periodo 2011-2013.

La Creex se plantea realizar las acciones que correspondan, según vayan dándose los «plazos del proceso», y «lamenta» las formas utilizadas por el Ejecutivo extremeño para dar a conocer este asunto ante la opinión pública.

De hecho, ha calificado esa manera de actuar de «desleal» hacia un colectivo «reconocido por las leyes».

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