Madrid, 10 jun (EFE).- El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y tres exconsejeros de la entidad no abonarán directamente la multimillonaria fianza que les impuso la Audiencia Nacional por la salida a bolsa del banco, pues serán las aseguradoras que cubrieron la operación las que asuman el pago de casi 22,7 millones de euros.
Bankia y su matriz BFA, sin embargo, sí tendrán que hacer frente a los 11,3 millones restantes, hasta sumar los 34 millones de fianza que solicitó finalmente la Audiencia Nacional de forma solidaria, ya que las aseguradoras sólo cubren las responsabilidades civiles de los exdirectivos por el debut bursátil.
En este caso, según han informado a Efe fuentes cercanas al proceso, serán las compañías Liberty International Underwriters (LIU) y Torus las que se hagan cargo de pagar las fianzas de Rato, José Manuel Fernández Norniella, José Luis Olivas y la del ex consejero delegado, Francisco Verdú.
Desde que el pasado 24 de abril la Sala de lo Penal rebajara a 34 millones los 800 millones que había fijado dos meses antes el juez Fernando Andreu como fianza, se ha analizado el papel de las compañías y se ha acordado que Liberty, que aseguró el debut bursátil de Bankia, asuma los dos tercios de la cifra final.
Así, Rato, que ya abonó 3 millones por el escándalo de las tarjetas opacas mediante un aval bancario, ha conseguido garantizar esta otra fianza, si bien sobre él pesa una tercera de 18 millones que aún no ha conseguido reunir para levantar el embargo sobre sus cuentas que decretó el juez de Madrid que le investiga por cinco delitos fiscales, uno de blanqueo y otro de alzamiento de bienes.
Con esta solución alcanzada en el seno del “caso Bankia”, se pone fin a la controversia entre la propia entidad y su excúpula una vez conocieron que debían afianzar cautelarmente sus responsabilidades civiles en la causa que lleva Andreu.
Y es que el grupo presidido ahora por José Ignacio Goirigolzarri decidió abonar en solitario en marzo los 800 millones iniciales que había cuantificado el instructor, aunque requirió, sin éxito, que los que fueran los máximos responsables de Bankia asumieran la parte proporcional, que en aquel caso alcanzaba los 133,3 millones.
Lo hizo bajo la advertencia de que incluso llegaría a pedir en los tribunales el embargo de su patrimonio en caso de que no lo hicieran.
Nada de eso fue necesario, pues irrumpió la decisión de la Sala de lo Penal de reducir radicalmente la cifra impuesta, lo que dio lugar a que se abriera un nuevo plazo de un mes, que está a punto de culminar, para depositar la nueva cantidad.
