Atenas, 17 jun (EFE).- La comisión internacional de expertos que lleva a cabo una auditoría de la deuda pública griega aseguró hoy que Grecia no debe pagar la deuda contraída desde 2010 a 2015 porque es fruto de unos acuerdos que infringen los derechos humanos.
«Grecia no solo no puede pagar la deuda, sino que no debe pagarla, porque la deuda proveniente de los acuerdos con la troika infringe directamente los derechos humanos de los griegos», señaló la comisión en un comunicado que presenta los resultados preliminares de esta investigación.
La presidenta del Parlamento griego, Zoé Konstandopulu, afirmó hoy que Grecia «no puede sentirse obligada» a pagar la deuda porque no es responsable de ella.
Los primeros resultados analizan el periodo comprendido desde la firma del primer rescate con las instituciones, la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2010 hasta la actualidad, aunque el objetivo de la comisión es «analizar el crecimiento de la deuda pública griega desde la década de 1980».
El comité está, coordinado por el politólogo belga Éric Toussaint y empezó a trabajar en abril de forma voluntaria.
«El comité considera que Grecia ha sido y es aún víctima de un ataque premeditado y organizado por el FMI, el BCE y la CE. Esta misión violenta, ilegal e inmoral tiene como objetivo exclusivamente trasladar la deuda privada al sector público», se destaca en una nota.
Entre las personas que han comparecido durante estos meses ante los expertos, destacan el que fue consejero del presidente de la Comisión Europea, Philippe Legrain, y el ex representante griego del Fondo Monetario Internacional, Panayotis Rumeliotis, quienes, según Konstandopulu, admitieron que el «plan griego fue dictado para forzar al país a pagar la deuda».
También Toussaint, portavoz del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, atacó al FMI y mostró un papel que habría facilitado Rumeliotis en el que se asegura que el organismo era consciente del alto coste social de las medidas exigidas, así como de que contribuirían a incrementar la deuda.
Según Toussaint, la crisis griega fue responsabilidad de los bancos, como ocurrió en Estados Unidos, Irlanda y España, y aseguró que «en el periodo anterior a la crisis el gasto público griego era inferior a la media de los países europeos occidentales».
Reiteró que tan solo una pequeña proporción de los créditos otorgados a Grecia llegaron a ser usados para el gasto corriente del Estado, ya que la mayor parte del dinero prestado se destinó a la devolución de la deuda.
«Menos del 10 % de los fondos de los rescates llegaron a la población griega», remachó Toussaint.
Konstandopulu, además, enfatizó que «este Gobierno es el primero que no ha colaborado ni participado en la creación y en el aumento de la deuda, por lo que el Parlamento está legitimado para usar todas las herramientas para no pagarla, aún más si pone en peligro los derechos de la gente».
En el comunicado, la comisión detalla que las autoridades griegas, junto a otros Gobiernos de la Unión Europea, «conspiraron contra la reestructuración de la deuda pública para proteger a las instituciones financieras».
La presidenta de la Cámara reiteró que el pueblo griego no es responsable de la deuda pública, sino «víctima» de ella.
Asimismo, recordó la exigencia de las reparaciones de guerra a Alemania, y argumentó que Grecia fue «generosa» con el país germano respecto al alivio de la deuda en 1953 a pesar de que se habían cometido crímenes contra la humanidad, por lo que reprochó no recibir ahora esa generosidad de vuelta.
En el inicio del acto estuvieron presentes el primer ministro griego, Alexis Tsipras, y ministros y miembros del equipo de Gobierno, así como expertos y activistas internacionales en temas relacionados con la deuda, sobre todo de Argentina, Ecuador y Brasil.
La presentación de las conclusiones de esta auditoría llega en un momento clave para Grecia, con las negociaciones con los acreedores encalladas, el día antes de la reunión de los ministros de Finanzas del euro y cerca del plazo de pago de una serie de tramos al FMI y BCE.
