Madrid, 8 sep (EFE).- La Fiscalía General del Estado aboga por una protección específica a los trabajadores extranjeros carentes del mínimo indispensable para sobrevivir, y recuerda que la mayor parte de la siniestralidad laboral se registra entre el colectivo foráneo.
Según consta en la Memoria anual de la Fiscalía correspondiente a 2014, la función de los fiscales es «velar» por la seguridad en el trabajo, lo que debe «revertir en una conducta proactiva en la protección de los derechos de los trabajadores» mediante la acción penal en los supuestos de quiebra de estos derechos.
Sin embargo, también añade que la Constitución Española se aplica a todos los ciudadanos, españoles o extranjeros, con limitaciones puntuales respecto a estos últimos.
En este sentido, indica que siendo el mercado laboral en el territorio de la siniestralidad en gran parte foráneo y de un medio socio-cultural bajo, «no sólo las leyes por su efecto coactivo sino que un mínimo deber de solidaridad internacional debería llevarnos a una protección específica a las personas extranjeras carentes del mínimo para sobrevivir».
La Fiscalía recuerda que en 2014 se produjo un incremento del 5,11 % de accidentes laborales, atendiendo a las cifras absolutas y globales, «a diferencia de lo que había venido ocurriendo en los últimos años, en los que la evolución de la accidentalidad había sufrido un retroceso».
Así, en 2014 se produjeron 417.377 accidentes (sumados los mortales, graves y leves), frente a los 397.051 de 2013, y situándose la cifra en niveles de 2012.
En cuanto al número de siniestros mortales, el resultado es peor que el de antes de 2012 y lo mismo ocurre sobre el total de accidentes leves frente a los graves que mantendrían una evolución decreciente.
Para reducir el grado de siniestralidad en el mercado de trabajo, los fiscales hacen una llamada a todos los poderes públicos para «acabar de una vez» con la lentitud que existe en la instrucción, el enjuiciamiento y en la ejecución de los procesos.
Según la Fiscalía General, el Gobierno debería dotarse de medios necesarios para posibilitar una respuesta rápida a los delitos cometidos, mediante la creación de juzgados especialistas y secciones del mismo género en las Audiencia Provinciales con dedicación exclusiva a la siniestralidad laboral, lo que agilizaría «notablemente» las dilaciones.
Al respecto, pone como ejemplo las medidas adoptadas en el campo de la violencia sobre la mujer, que han favorecido sentencias más rápidas.
La Fiscalía asegura que el 90 % de los casos de siniestralidad laboral requiere un dictamen de sanidad de menos de un año, lo que unido a otras diligencias más ágiles, como el dictamen de la inspección de trabajo o la toma de declaraciones o presentación de dictámenes periciales, daría un tiempo total de instrucción no superior a un año.
«En poquísimos y selectivos casos, el tiempo entre inicio de actuaciones y ejecución no debería sobrepasar los 3 años», afirma la Memoria, que recuerda que actualmente la duración media entre la producción de los hechos y la sentencia de primera instancia es de entre 6 y 8 años.
Por otra parte, el informe de la Fiscalía se refiere a los índices de incidencia de la accidentalidad y asevera que en 2014 se registraron 3,3 víctimas mortales anuales por cada 100.000 habitantes dados de alta a la Seguridad Social, frente a las 3,8 víctimas que se produjeron en 2010.
Según el número global de accidentes, en el sector de la agricultura la incidencia subió el 7,4 %, en la industria, el 3,2 %, y en la construcción y los servicios, el 5,5 %.
Asimismo, en 2014, el sector servicios, con 218 accidentes mortales, fue que el que mayor siniestralidad tuvo, seguido de la industria (89), agricultura (78) y la construcción (69).
En cuanto al número de sentencias emitidas por el Juzgado de lo Penal, el año pasado se incrementaron el 1,5 % y sumaron 676, mientras que las dictadas por las Audiencias provinciales fueron 127 y descendieron el 13,06 % frente a las de 2013.
