París, 5 oct (EFE).- La OCDE presentó hoy un plan de acción para combatir la optimización fiscal de las empresas multinacionales, que logran evitar legalmente el pago de entre el 4 % y el 10 % de los ingresos recaudados en concepto de impuesto sobre beneficios, es decir, entre 100.000 y 240.000 millones de dólares al año.
"Lo que cada quien tendrá que hacer es pagar impuestos con los beneficios que genere en el lugar donde los genere. El principio no es muy difícil de entender, pero su aplicación es endiabladamente compleja", comentó a EFE el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría.
El documento responde a un mandato de los Estados miembros de la OCDE y del G20 para combatir la Erosión de la Base de Imposición y la Transferencia de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), es decir, las grietas legales que aprovechan las grandes corporaciones para hacer "desaparecer" sus beneficios o para transferirlos hacia países de baja o nula fiscalidad.
Aunque existen prácticas ilícitas, la mayoría de las empresas se atiene a herramientas legislativas que no se han adaptado correctamente a "los desafíos que imponen la globalización y el siglo XXI", precisa la OCDE, que califica el paquete de medidas como "el primer reajuste de importancia de los estándares fiscales internacionales desde hace casi un siglo".
"Hemos construido un edificio de reglamentos, de leyes, de códigos, de regulaciones y de prácticas que hace que sea legal no pagar impuestos o pagar muy poquitos impuestos", resumió Gurría.
En concreto, las propuestas técnicas presentadas persiguen objetivos como facilitar la recaudación del impuesto sobre el valor añadido (IVA), limitar los casos de "doble no imposición" y neutralizar las ventajas fiscales que acarrean, impedir a los contribuyentes transferir los beneficios a filiales extranjeras o "luchar contra las deducciones excesivas de cargas de intereses".
Otro de los puntos que aborda el plan de la OCDE se refiere a cómo establecer dónde gravar beneficios sobre intangibles como la propiedad intelectual, que deberán abonarse allí donde se realicen los gastos en investigación y desarrollo, precisa.
En palabras de Gurría, el BEPS es el sistema "de seguimiento basado en las complejidades técnicas para ir dándole seguimiento a esos quince puntos" en el que participan alrededor de 90 países y que contará con un mecanismo de evaluación.
La gran diferencia y un obstáculo adicional respecto a la lucha contra la evasión y el fraude fiscal es que el BEPS no consiste simplemente en hacer cumplir la normativa vigente sino que precisa que se modifique la ley.
"Pero además la tiene que cambiar todo el mundo para que haya congruencia y para que no se traspase, simplemente, el fenómeno de un país a otro. La complejidad conceptual es enorme, muchísimo mayor que hacer que los individuos paguen sus impuestos", agregó el secretario general de la OCDE.
El documento ha sido elaborado "de la mano" con la Comisión Europea (CE) y con contribuciones técnicas de decenas de países, así como de organizaciones internacionales como Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial, que aportaron un total de 12.000 páginas de observaciones.
El BEPS, que contempla medidas para ayudar a implementar el sistema también en los países en vías de desarrollo, supone un paso más sobre el trabajo que desarrolla la OCDE desde hace siete años -cuando estalló la crisis financiera global- para facilitar el intercambio automático de información fiscal entre Estados sobre contribuyentes dudosos.
"Hay dos cosas fundamentales: en primer lugar, el mundo será más justo, será mejor (...); y en segundo lugar, habrá ingresos muy importantes que van a beneficiar a todos los países, no solo a los países ricos", auguró Gurría.
El documento será presentado a los ministros de Finanzas del G20 el próximo 8 de octubre en Lima y a continuación a los líderes de esos países durante la cumbre de ese grupo en Antalya (Turquía) los próximos 15 y 16 de noviembre.
