Madrid, 12 nov (EFE).- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) considera que en 2016 las corporaciones locales cumplirán "con holgura" el objetivo de estabilidad presupuestaria, pero con menor superávit.
Según fuentes de esta institución fiscal, Málaga es el único Ayuntamiento de más de 500.000 habitantes que cumplirá la regla de gasto en 2015, como se refleja en su último informe sobre los proyectos y líneas fundamentales de los presupuestos de las Administraciones Públicas: Corporaciones Locales 2016.
Málaga y Zaragoza alcanzarán ese objetivo en 2016, mientras que en Madrid, Barcelona y en menor medida Valencia, la AIReF aprecia riesgo de que vuelvan a incumplir en 2016.
Para estos expertos, sólo Zaragoza no podrá concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo en 2015 y 2016, ya que su deuda viva supera el 110 % de sus ingresos corrientes consolidados.
Concretamente, señalan que Madrid y Valencia cumplirán el objetivo de estabilidad en 2015 y 2016, no así con la regla de gasto en ninguno de esos dos ejercicios y su ratio de deuda viva para ese período estará entre el 75 y el 110 %.
Barcelona observará también el objetivo de estabilidad y la regla de gasto y su deuda estará por debajo del 75 por ciento en todo el período, al igual que la de Sevilla, que también cumplirá con la estabilidad pero de esta ciudad no proporciona sus previsiones sobre regla de gasto, ya que el ayuntamiento no ha enviado aún la información.
AIReF estima que Málaga lo hará también y que su deuda estará en 2015 entre el 75 y el 110 % y bajará por debajo del 75 en 2016.
Zaragoza, al tener que incluir la exigencia de Eurostat de incluir los 200 millones de inversión en el tranvía en 2015, no cumplirá con el objetivo de estabilidad este año ni con la regla de gasto, pero sí lo hará en 2016, mientras que su deuda será superior en ambos ejercicios al 110 %.
La institución recuerda que, por debajo del 75 %, los ayuntamientos no necesitan autorización para nuevas operaciones de deuda, que sí requieren cuando están entre el 75 y 110, y no pueden hacerlo a partir de ese porcentaje.
Han pedido un "análisis global" y la revisión de la financiación de todas las administraciones públicas y han destacado que la prioridad es cumplir con el objetivo de déficit, lo que en el subsector local ya está conseguido desde hace varios ejercicios.
Respecto a los consistorios del cambio y a que algunos ediles hayan manifestado que no van a cumplir con la regla de gasto, la AIReF ha señalado que los últimos datos de ejecución presupuestaria así lo demuestran, pero que el Ministerio de Hacienda aún no puede activar medidas coercitivas al estar los presupuestos en ejecución.
La previsión de AIReF para 2016 determina un superávit para el subsector de entre un 0,3 % y un 0,6 % del PIB.
Los datos disponibles de 2013 y 2014 muestran que las corporaciones locales no agotan el límite de gasto que les permite la aplicación de la regla de gasto, aunque muestran una tendencia de incremento de los gastos computables que previsiblemente puede acentuarse en 2015.
Según las mismas fuentes, el informe tiene "importantes limitaciones" respecto al análisis de los presupuestos para 2016, ya que el Ministerio de Hacienda "únicamente" ha proporcionado los datos de las corporaciones que han enviado las líneas fundamentales para 2016, sin elevar esta información al total nacional y sin indicar su importancia relativa en los ingresos/gastos no financieros del subsector, como requería la petición de la AIReF.
Las deficiencias de la información, precisan, han podido salvarse con la información facilitada directamente por los ayuntamientos a petición de la AIReF.
Recomienda que cada corporación fije el objetivo de estabilidad de sus presupuestos con arreglo a la regla de gasto, según la situación de equilibrio o superávit que se deduce del escenario presupuestario de ingresos y gastos valorado en términos de contabilidad nacional.
En cuanto al sistema de financiación, aprecia que se debe analizar de manera conjunta con la reforma de la autonómica y realizar modificaciones normativas para adecuarlos al nivel de gasto y a la capacidad financiera de cada subsector para contribuir a una más eficaz distribución y utilización de los recursos públicos.
