París, 24 may (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que la polémica reforma laboral francesa, que mantiene en vilo al Gobierno por las repetidas protestas en los últimos meses, constituye «un paso necesario», pero insuficiente, para corregir la rigidez de su mercado laboral.
En un informe presentado hoy al término de una visita de sus expertos a Francia, el FMI advierte de que «pese a todo, persisten importantes barreras estructurales a la creación de empleo» y lanza una serie de recomendaciones, sobre todo para incentivar la búsqueda de empleo por los parados y beneficiarios de subsidios sociales, y adaptar la formación a los requerimientos de las empresas.
Los expertos enumeran las razones de que el mercado laboral francés sea «menos adaptable a la evolución de la economía global»: una negociación colectiva demasiado centralizada, procedimientos judiciales largos e inciertos en caso de despidos, un salario mínimo relativamente elevado o un acceso muy fácil al subsidio de paro o a otras ayudas sociales.
Por eso ven con buenos ojos la ley de la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, que desde febrero ha suscitado en su contra huelgas, manifestaciones e incluso un conato de división en el Partido Socialista, al introducir una mayor flexibilidad laboral.
Pero más allá de ese proyecto legislativo, proponen prolongar el periodo mínimo de cotización (actualmente de cuatro meses) para tener derecho a un subsidio de paro, limitar a dos años la percepción de ese subsidio o introducir una reducción progresiva de su cuantía.
En una línea paralela para incitar a la búsqueda de empleo, apuestan por endurecer las condiciones en que un beneficiario del paro o de ayudas sociales puede rechazar una propuesta de trabajo, aproximar la educación y la formación profesional a lo que demanda el mercado.
Además, no sólo respaldan la llamada ley «Sapin II» para levantar barreras a los autónomos o a las pequeñas empresas tecnológicas, sino que también sugieren que se abran más a la competencia las profesiones reguladas y simplificar los procedimientos para las empresas.
El FMI presenta sus previsiones económicas para Francia, que en lo que respecta al crecimiento económico coinciden esencialmente con las del Gobierno, unas cifras que califica de «modestas»: un 1,5 % para 2016 y un 1,75 % de media anual para los cinco ejercicios siguientes.
Además, avisa de que esa recuperación, que no basta para disminuir el alto nivel de desempleo que padecen los jóvenes ni para afrontar el alto nivel de deuda pública, podría quedar comprometido si se produjeran nuevos episodios de estrés en los mercados financieros, en las economías emergentes o en caso de estancamiento de la zona euro.
Los autores del estudio señalan que una de las prioridades políticas es reducir el déficit público para hacer la deuda sostenible, y duda de las proyecciones del Ejecutivo.
En primer lugar, considera que si se consiguió cerrar 2015 con un nivel de déficit inferior al esperado -un 3,6 % del producto interior bruto (PIB)- se debió esencialmente a los efectos de la recuperación cíclica, a la caída de los tipos de interés que rebajaron el pago de la deuda y a la contención del gasto local, pero al final el ajuste estructural fue casi nulo.
Por eso, el fondo se desmarca de la reducción del déficit en 2017 hasta el 2,7 % del PIB, como calcula el Ejecutivo, y cree que se quedará justo en el objetivo del 3 % que le exigen las instituciones europeas, y que en los cinco años siguientes no se logrará la meta del equilibrio estructural.
La deuda, por su parte, se incrementará hasta el 98 % del PIB en 2017 y sólo disminuirá lentamente a partir de entonces.
Los autores del informe, que recuerdan que Francia -con el 57 % del PIB- es uno de los países europeos con el gasto público más elevado en términos relativos, recomiendan limitar su evolución a la de la inflación, con la intención de conseguir un ajuste fiscal estructural en torno al 0,5 % del PIB anual.
Para conseguirlo, se pronuncian por limitar la masa salarial dedicada a la remuneración de los empleados públicos -que representa el 13 % del PIB, por encima de sus socios europeos-, una mayor selectividad en los programas sociales, elevar la edad de jubilación y «racionalizar» los regímenes especiales de jubilación o recurrir más a los medicamentos genéricos.
