Bruselas, 8 nov (EFE).- El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) Jyrki Katainen reiteró hoy que España tiene que ajustarse a los objetivos de reducción del déficit para evitar que se avance en el procedimiento sancionador contra el país.
“Si los países han hecho lo que prometieron hacer no habrá ningún problema”, dijo Katainen en unas declaraciones a Efe, aunque añadió que “si no cumplen con la senda fiscal, habrá que avanzar con el procedimiento” abierto a España por acumular un déficit superior al tope europeo del 3 %.
El vicepresidente responsable de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad incidió en que “lo más importante” será el resultado del análisis que la Comisión está haciendo sobre la lista de acciones efectivas adoptadas por España para encarrilar el déficit, tras incumplir con sus compromisos el año pasado.
“No es que la Unión Europea quiera ser estricta o dura, pero todos los países han prometido a los otros Estados miembros que cumplirían con la senda fiscal”, dijo Katainen, quien afirmó que espera que tanto España como Portugal, que se encuentra en un proceso similar, presenten “propuestas creíbles”.
La nueva senda fiscal marca a España rebajar su déficit al 4,6 % del PIB este año, al 3,1 % el próximo y al 2,2 % en 2018.
El Gobierno español confía en cumplir con comodidad la meta de este ejercicio y en apoyarse en un mayor crecimiento de lo previsto para lograr alcanzar la del próximo.
La CE publicará el 16 de noviembre el resultado de sus análisis de los presupuestos remitidos por todos los países del euro, salvo Grecia, aunque la opinión sobre España se espera para más adelante debido a que el país no pudo presentar unas cuentas completas porque hasta hace menos de una semana el Gobierno estaba en funciones.
La Comisión sí ha anunciado que a mediados de mes prevé que dará a conocer su veredicto sobre las medidas efectivas presentadas por España y Portugal, que en el caso del primer país consisten en el cierre temprano del presupuesto y la recaudación de 8.300 millones de euros adicionales con el pago a cuenta anticipado del impuesto de sociedades.
El nuevo Ejecutivo español aún tiene que enviar a la institución un presupuesto completo para 2017 que sustituya a las cuentas prorrogadas -sin cambios de política- que presentó el gobierno en funciones y que pronostican un 3,6 % de déficit en 2017, cinco puntos porcentuales por encima de lo exigido.
Esta diferencia del 0,5 % del PIB supone en torno a 5.500 millones de euros.
España eludió en julio una multa económica por no hacer lo suficiente para atajar su déficit en 2015, pero aún tiene pendiente la segunda parte de la sanción, conocer el montante de los compromisos en fondos estructurales y de inversión para 2017 que la CE propondrá congelar y el modo en que se efectuará esta medida.
La decisión llegará solo cuando termine el diálogo estructurado con el Parlamento Europeo, en el que hoy participa el ministro español de Economía, Luis de Guindos, con una comparecencia ante las comisiones de Economía y Desarrollo Regional en la que defenderá que las medidas adoptadas por España justifican que no se proceda a la suspensión.
A este respecto Katainen afirmó que el diálogo durará “tanto como quiera la Eurocámara” aunque señaló que “el margen de tiempo está agotándose”, en referencia al límite, fijado el 8 de diciembre, que tienen los Estados miembros para decidir si España ha tomado medidas efectivas o se avanza en el proceso de sanción.
El siguiente paso en el procedimiento conllevaría de nuevo el riesgo de una multa de hasta el 0,5 % del PIB y la congelación de más compromisos en fondos estructurales y de inversión.
