Madrid, 12 nov (EFE).- El ajuste fiscal necesario para cumplir el objetivo de déficit público el próximo año -que según la Comisión Europea rondará los 7.700 millones de euros- se materializará con el “retoque” de algunos impuestos, como el de hidrocarburos y la reclasificación del IVA, según expertos consultados por Efe.
A falta de un presupuesto para 2017, el proyecto remitido en octubre a Bruselas por el Ejecutivo -entonces en funciones y, por tanto, sin capacidad para adoptar políticas económicas- estimaba un déficit del 3,6 % del PIB, por encima del 3,1 % pactado, lo que supondría un desfase de unos 5.500 millones de euros.
La Comisión Europea ha engrosado esta semana el desvío presupuestario previsto hasta el 3,8 % del PIB, lo que obligaría a realizar un ajuste de unos 7.700 millones para cumplir el objetivo.
Los expertos consultados descartan que este ajuste se realice con reducción del gasto, tanto por el actual momento político -“no sería fácil encontrar una mayoría” parlamentaria, señala el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente- como porque queda “poco margen”, explica María Jesús Fernández desde el departamento de Coyuntura y Estadística de Funcas.
“Reducir más (el gasto) supondría afectar de forma muy seria al Estado del bienestar, y políticamente no creo que sea posible”, asegura.
En ese mismo sentido se expresa el profesor de Economía de Esade Pedro Aznar, quien apunta que la eventual reducción del gasto procedería probablemente de una disminución de la partida de prestaciones por desempleo derivada de un cuadro macroeconómico “optimista”.
También señala que “siempre es fácil tocar la partida de inversión pública”, aunque reconoce que tras años de crisis queda poco margen por esa vía.
Así, el ajuste procederá previsiblemente de un aumento de la carga fiscal, fundamentalmente “retoques” de algunos impuestos, sin afectar a los tipos del IRPF y el IVA, ya que el desvío presupuestario es relativamente asumible y “no exige cosas muy dramáticas”, según De la Fuente.
De hecho, Aznar cree que el Gobierno “fiará parte del ajuste a un dato de crecimiento económico bueno”, que, pese a todo, “no será suficiente”.
En materia de IVA, Fernández aboga por “reclasificar” algunos productos que ahora pagan el tipo superreducido o reducido, que pasarían al tipo general, algo en lo que coincide De la Fuente.
Uno de los focos principales para Fernández son los impuestos especiales, como los que gravan el alcohol o el tabaco, que podrían sufrir una subida.
En ese sentido, De la Fuente considera que la caída del precio de los carburantes en los últimos años permite un “margen” para subir la presión fiscal de los hidrocarburos, que actualmente es inferior a la de otros países del entorno.
Otra opción para Fernández sería imponer un mínimo para el Impuesto de Patrimonio y Sucesiones, cedido a las comunidades autónomas, mientras que Aznar sugiere la posibilidad de “alguna figura fiscal nueva”, como un impuesto de carácter medioambiental.
Todos descartan una subida del IRPF, aunque podría ajustarse la base imponible sobre el ahorro, de la misma manera que se baraja la opción de eliminar deducciones del Impuesto de Sociedades sin variar el tipo que se aplica.
En cualquier caso, todos abogan por una reforma integral del sistema impositivo a medio plazo, que mejore su eficiencia e incremente la recaudación.
Adicionalmente, Fernández defiende la eliminación de las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, que en su opinión tienen un “coste elevadísimo” con un impacto en la creación de empleo “escasísimo”.
Por su parte, Aznar advierte de la vía de traspasar el ajuste a las comunidades autónomas será “más complicada” para este Gobierno, que ya no tiene mayoría, lo que pone “muy en duda cuál será la partida” más afectada del Presupuesto de 2017.
