Usuarios de las “black” de Caja Madrid no eran conscientes de nada irregular

San Fernando de Henares (Madrid), 30 ene (EFE).- El abogado defensor de Miguel Corsini, uno de los 65 acusados del uso de tarjetas opacas de Caja Madrid, ha asegurado hoy que su defendido en ningún momento fue consciente de que la visa era irregular, sino que se trataba de un sistema que llevaba vigente más de 20 años.

El abogado Gonzalo Rodríguez Mourullo ha expuesto hoy las conclusiones finales que afectan a su defendido, Miguel Corsini, que desembolsó 46.700 euros.

El letrado ha explicado que Corsini siempre actuó “consciente de que se ajustaba a la legalidad”, y que naturalmente ” si hubiese sabido que la tarjeta era irregular habría dejado de usarla”.

En la misma línea se han manifestado los defensores de otros acusados; en defensa de José María Buenaventura Zabala y Cándido Cerón ha expuesto sus argumentos el abogado José Antonio Choclán, que ha aclarado que “cabe poner en cuestión si la retribución mediante el sistema de las tarjetas era o no era justa”, pero no ” achacar al que disfrutó de ella la responsabilidad de su creación”.

A esa pregunta, ha dicho Choclán, tendría que responder el expresidente de Caja Madrid Jaime Terceiro, que es quien puso en marcha el sistema de estas visas; se juzga “un sistema retributivo”, pero de eso no son responsables los usuarios.

En todo caso, ha añadido, en el caso de José María Buenaventura Zabala, que desembolsó 63.000 euros, el supuesto delito habría prescrito mucho antes de iniciarse el juicio.

Por lo que respecta a Cándido Cerón, que gastó 79.200 euros, el letrado ha recordado que se demostró que su tarjeta fue clonada, y que en el detalle de los gastos efectuados, que no se han contrastado con archivos informáticos originales, figuran gastos incompatibles entre sí.

Se ha trasladado a los acusados “la carga de la prueba”, ha dicho el abogado, algo inaudito en un estado de derecho, algo que ha compartido Eugenio Hernanz Arranz, letrado de Beltrán Gutiérrez Moliner, que desembolsó 58.000 euros.

El abogado de José Ricardo Martínez Castro -que gastó 44.200 euros-, Fernando Luján de Frías, ha destacado que apenas hay referencias a su defendido en el sumario, que en Caja Madrid fue un “mero consejero” y que en calidad de tal recibió “el kit” que se les entregaba y que incluía la tarjeta.

Que fuera un gasto o un salario, ha indicado el letrado, “jamás algo así se ha considerado apropiación indebida”; su defendido, además, habría sufrido “escarnio publico” en el sindicato UGT donde militaba como consecuencia de la causa.

Juan Barallat Roca, abogado de Matias Amat, ha especificado que éste mantuvo una relación de servicio con Caja Madrid, sin formar parte en ningún momento de los órganos de gobierno de la caja.

Para el letrado, las acusaciones no han fundamentado las pruebas presentadas, excepto el hecho de que las tarjetas “no podían ser mas que una retribución”, que en el caso de Amat se elevó a 389.000 euros.

Amat actuó en todo momento con el convencimiento de que el presidente y el director general de la caja conocían todos los detalles de las visas, pero no él, de quien además no se ha aportado el contrato de la tarjeta.

Mañana se reanudará la exposición de los abogados defensores que aún no han intervenido, alrededor de quince.

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