De Guindos ve «elevado» el IPC y aprobará un Decreto de Desindexación de precios

Madrid, 31 ene (EFE).- El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha alertado de que el crecimiento interanual del 3 % del IPC de enero «es un nivel elevado», y ha anunciado que el Gobierno aprobará en los próximos días un decreto de Desindexación para evitar que la inflación se traslade a las rentas.

Durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso, De Guindos ha señalado que con esta ley se persigue desvincular el IPC a los precios de los servicios públicos para evitar «efectos de segunda ronda».

«No es un dato positivo», ha dicho el ministro, en referencia al alza del IPC que -ha puntualizado- se debe al incremento de los precios de la electricidad y de los carburantes, que han subido en los últimos meses y contrasta con el nivel que tenían hace un año.

De Guindos ha confiado en que este repunte de la inflación dure unos meses, y a partir del segundo trimestre se modere y converja con la inflación subyacente que está en el 1 %.

«El Gobierno indica que ante una subida tan importante pide no incorporar a la inflación efectos de segunda ronda, porque esto sería un error y afectaría a la competitividad de la economía», ha dicho.

Ha puntualizado que además de las medidas que tomará el Ejecutivo en materia energética, en los próximos días se aprobará el decreto de Desindexación de precios.

De esta forma se desarrollará el reglamento de la Ley de Desindexación aprobada el 25 de marzo de 2015 y que se aplica a las revisiones de valores monetarios en cuya determinación interviene el sector público, como en el caso de los contratos o mano de obra.

La Ley de Desindexación establece que cuando pueda trasladarse al valor revisado de los costes de mano de obra el incremento repercutible de los mismos «no podrá ser superior al incremento experimentado por la retribución del personal al servicio del sector público, conforme a las leyes de Presupuestos Generales del Estado».

Es decir que frente a los incrementos automáticos de precios en el sector público en función del IPC, las subidas deben estar justificadas por el aumento de los costes de servicio.

De esta forma se eliminan las subidas automáticas de precios en función del IPC en el sector público y se evitan los efectos de «segunda ronda», es decir, las alzas de precios de ciertos productos que repercuten directamente sobre otros sin ninguna relación entre sí.

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