Madrid, 13 mar (EFE).- El Gobierno ha vetado la proposición de Ley que aboga por el autoconsumo eléctrico sin cargos y que fue apoyada por todos los partidos políticos, excepto el PP y Foro Asturias, y alude que supondría una disminución de los ingresos y se dejarían de recaudar 162 millones de euros anuales vía impuestos.
Según el escrito que ha remitido el Ejecutivo al Congreso y al que ha tenido acceso EFE, la nueva ley que pedía favorecer el consumo energético compartido y colectivo, modificar el actual régimen sancionador y eliminar el impuesto al sol, supondría además un aumento del déficit de tarifa.
«La aprobación de esta Proposición de Ley supondría una disminución de los ingresos presupuestarios, por lo que el Gobierno no presta su conformidad para su tramitación en virtud de lo dispuesto en el apartado sexto del artículo 134 de la Constitución», subraya el documento.
La secretaría de Estado de Energía subraya que se produciría una menor recaudación tributaria, por reducción de ingresos tanto en el impuesto sobre el IVA como en el impuesto especial sobre la electricidad.
Ello unido a una disminución de ingresos por peajes que implicaría un incremento de las aportaciones que desde los Presupuestos Generales del Estado se realizan al sistema eléctrico.
Afirma que el impacto económico en impuestos que se dejarían de recaudar anualmente sería de 162 millones de euros (asociados a impuestos en pool y peajes) y subraya que la pérdida de peajes ascendería a 50 millones de euros anuales.
Además, destaca que si para corregir ese desajuste, se aplicara la misma proporción de ingresos del sistema que existe actualmente (75 % proveniente de peajes y 25 % como aportaciones de PGE), ésta disminución de ingresos por peajes implicaría adicionalmente un incremento de más de 10 millones de euros a través de los presupuestos.
Por otra parte, el ministerio de Energía también incide en que además de un impacto negativo en las cuentas públicas, la proposición de Ley tendría impacto en el Sistema Eléctrico (y por tanto en el consumidor de electricidad) y en la generación de nuevos déficit de tarifa.
Recuerda que siempre y cuando no sea una instalación totalmente aislada de la red, ésta debe pagar los costes regulados del sistema y sus impuestos correspondientes, de la misma manera que el resto de consumidores.
En el supuesto de que los autoconsumidores tuvieran una exención de peajes y cargos, como pide la iniciativa, habría una disminución de los ingresos del sistema eléctrico «y provocaría una situación de inestabilidad».
«Esta situación implicaría, necesariamente, una mayor aportación de las partidas presupuestarias y una subida de peajes que afectaría a todos los consumidores, principalmente a aquellos que no autogeneran y a los consumidores vulnerables», advierte el Gobierno.
La proposición de Ley fue firmada por todos los partidos políticos de la oposición, a excepción del PP y de Foro Asturias, el 25 de enero, fecha en la que ya advirtieron al Gobierno de que un posible veto podría ser levantado por dicha mayoría en la Mesa del Congreso.
La Unión Española Foltovoltaica (UNEF) afirmó que no supondría un coste presupuestario ya que al favorecerse las inversiones y eliminarse las barreras se generaría un IVA que sería superior al que se dejaría de ingresar por el recibo de la luz.
