Madrid, 18 mar (EFE).- La proliferación de empresas de servicios y el auge de la subcontratación abren un nuevo campo de interpretación para los tribunales de la doctrina sobre la vulneración del derecho a la huelga, ya que tendrán que ir afinando en qué supuestos hay que protegerlo frente a la libertad empresarial.
Expertos en relaciones laborales de patronal y sindicatos han explicado a Efe sus posturas respecto de la sentencia del Tribunal Supremo, conocida esta semana, que denegaba la razón a los trabajadores en huelga de una empresa que fueron sustituidos por la compañÃa contratista.
En concreto, la sentencia del Supremo dicta que la empresa de andamios Altrad no vulneró el derecho de huelga de sus trabajadores por el hecho de que dos clientes suyos contratasen a terceros los trabajos que no podÃa ejecutar debido al paro.
Para el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, en esta sentencia hay una situación de grave deficiencia procesal, porque se considera abusivo el desvÃo de producción, pero no se cuestionan las actividades de las empresas contratistas.
«La demanda tendrÃa que haber incluido a las tres empresas», señala Górriz, un extremo en el que también coincide la secretaria confederal de UGT, Isabel Araque, quien considera que, en ese caso, «estarÃamos ante otro tipo de sentencia» ya que se quedan «muchos pronunciamientos abiertos condicionados» a qué hubiese ocurrido si hubieran sido denunciados también los clientes de Altrad.
Asimismo, Araque señala que, con las emergentes empresas de servicios y el auge de las subcontratas con prestación de producción y utilización de materiales o tecnologÃa, para los Tribunales «se empieza a abrir un nuevo campo» y han de pronunciarse sobre qué extremos vulneran o no el derecho de huelga.
Por otro lado, Górriz indica que esta decisión del Supremo no corrige la doctrina anterior, porque en los casos de Prisa y Coca Cola, reseñados en la sentencia, se utilizaron medios de los propios grupos para sacar adelante la producción durante la huelga de algunas de sus filiales.
«Una de las garantÃas y tutelas establecidas en la legislación laboral en relación a actuaciones lesivas del derecho de huelga es la prohibición del esquirolaje externo», deja claro Górriz, es decir, «que no se pueden contratar trabajadores para suplir el trabajo de los huelguistas y privar asà a la huelga de su efectividad».
No obstante, en este punto difiere el director de Relaciones Laborales de la CEOE, Jordi GarcÃa Viña, quien considera que «hay una diferencia entre lo que dice la Ley y lo que hacen los Tribunales», y considera «extremo» el objeto de la demanda al pedir que los clientes de la empresa no puedan utilizar otros mecanismos.
Esta petición roza la «ridiculez», dice GarcÃa Viña, quien lo compara con la posibilidad de que en una huelga de taxistas, como la vivida esta semana en Madrid y Barcelona, «se pidiera a los ciudadanos que no cojan el metro o autobús, limitando el derecho del resto de la sociedad».
«La jurisprudencia ha ampliado al máximo el concepto del derecho de huelga, hasta prohibir a una empresa hacer cualquier tipo de actividad que pueda suponer la pérdida de su eficacia», añade GarcÃa Viña, quien recuerda que los casos de demanda más comunes son la ausencia de servicios esenciales, los «mal llamados» piquetes informativos y la contratación de esquiroles.
Con el fin de aclarar estos puntos, añade, «hemos reclamado a los sindicatos abordar la elaboración de una Ley del Derecho de Huelga», algo que ha sido descartado de plano tanto por CCOO como por UGT.
«La jurisprudencia que hay sobre el derecho de huelga está clarÃsimamente asentada en las sentencias», dicen los responsables de CCOO y UGT.
En este punto Górriz avisa de que si la patronal trata de aprovechar la necesidad de cerrar la subida salarial para 2017 para sacar adelante una Ley de Huelga, «estarÃamos en las puertas de un grave conflicto social».
