Madrid, 17 abr (EFE).- La Fiscalía alemana ha pedido a la Audiencia Nacional que le ceda su investigación contra Volkswagen por el fraude de los motores diésel para falsear los niveles de sus emisiones, al entender que es mejor unificarla para evitar que el archivo por parte de un país europeo lleve a la extinción de toda la causa.
Así lo dice la Fiscalía de Brunswick en su respuesta hace unos día a la comisión rogatoria (petición de información) que le hizo hace un año el juez Ismael Moreno, que lleva el caso en España, en la que añade que por ahora no hay indicios de «responsabilidades de personas que actúan por sí solas en España» que tomaran la decisión de manipular los motores.
En ese escrito, al que ha tenido acceso Efe, la fiscalía alemana informa al juez de que ya lleva a cabo sus propias diligencias previas en relación con el llamado «asunto de los gases de escape» contra responsables de la empresa automovilística.
Para el ministerio fiscal alemán, esta investigación abarca un total aproximado de 11 millones de vehículos en todo el mundo que están equipados con el motor EA189 y «esto incluye los vehículos matriculados en España con este motor».
Añade que, según el derecho alemán, se investiga la autoría «indirecta» de responsables de Volkswagen de la central del grupo, que «tomaron la decisión de instalar el software de manipulación en el marco de un dispositivo de desactivación en determinados vehículos».
«Esta decisión tomada en aquel momento repercute, en el marco de la jerarquía de la empresa, en un gran número de vehículos durante un periodo de varios años, sin que empleados subordinados, distribuidores e importadores tengan constancia del uso del software de manipulación», explica en su escrito.
Así, aclara que «un único acto concreto» del responsable de esa decisión repercute en aproximadamente 11 millones de vehículos en todo el mundo, pero «legalmente debe considerarse como un hecho a efectos procesales».
Dicho esto, la fiscalía alemana recuerda que, de acuerdo al derecho europeo, si un país con un procedimiento abierto lo archivara, esto conllevaría la extinción de la acción penal de todos los procedimientos iniciados en los países del espacio Schengen, incluyendo el procedimiento alemán que considera todos los vehículos afectados.
Por ello, considera que «debería evitarse absolutamente finalizar el procedimiento solo con respecto a un aspecto parcial del conjunto de las presentes diligencias», para lo que recuerda que la Fiscalía de Brunswick ya ofreció, en una reunión de coordinación de Eurojust en La Haya en marzo en 2016, agrupar las diligencias relativas al motor EA189 en Brunswick, donde está la sede del grupo.
«La Fiscalía de Brunswick mantiene expresamente esta oferta, de la que ya han hecho uso Suiza y Austria», dice, y recuerda que «otros países están sopesando ceder el procesamiento penal a Alemania».
En cuanto a la petición de información que le hizo el juez Moreno respecto al resultado de los registros realizados entre 2015 y 2017 en las sedes de Volkswagen, la fiscalía germana afirma que ahora mismo hay «dificultades reales» que le impiden dársela, ya que aún se está analizando dicha información.
Finalmente, además de excluir la responsabilidad de empleados en las sedes de la firma en España -Volkswagen Audi España S.A., Seat S.A. y Volkswagen Navarra S.A.-, el ministerio público alemán ofrece al magistrado español datos sobre órganos de dirección de la empresa como los nombres de los miembros del consejo de administración, las personas apoderadas o su forma jurídica.
