Rato critica “la falta de rigor” de la fiscal que cuestiona su patrimonio

Madrid, 26 jun (EFE).- El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato insiste en que ninguna ley prohíbe a un alto cargo ser accionista de una empresa que contrate con la Administración y critica la “falta de rigor” de la fiscal que cuestiona su patrimonio y le acusa de blanqueo, cohecho y malversación.

De este modo Rato impugna el escrito de apelación interpuesto por Anticorrupción después de que el juez de su caso archivara esta pieza separada iniciada tras las pesquisas de la Guardia Civil, que alertó de que empresas privatizadas en la época en la que fue ministro pagaron casi 83 millones brutos por campañas de publicidad en medios, a través de sociedades vinculadas a su familia.

Según el ex director gerente del FMI, la fiscal Elena Lorente muestra una versión “incompleta”, condicionada por la investigación de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que “desoyendo el mandato judicial” remitió al juzgado una “hipótesis criminal omnicomprensiva de toda la vida” del exministro.

Y es que, añade, es de “absoluto asombro y estupor” que el Ministerio Fiscal acoja las “disparatadas” conclusiones del cuerpo “sin la más mínima labor de contraste y verificación, con una absoluta falta de rigor que es impropia de dicho órgano público”.

Además, en el documento presentado por la defensa de Rato al que ha tenido acceso Efe, el exministro vuelve a cargar contra la UCO por “extralimitarse” de sus funciones al investigar en secreto hechos “a todas luces, prescritos, atípicos” y no relacionados con las pesquisas sobre el origen de su patrimonio.

Respecto a la existencia de personas citadas como investigadas por la UCO sin conocimiento de las defensas, el escrito de Rato habla del posible delito de usurpación de funciones.

Al respecto, cree que la UCO ignoró “caprichosamente” que nunca ostentó cargo en esas sociedades vinculadas con su familia, en las que tenía una participación temporal (1998-2002) “minoritaria, de las que tampoco recibió jamás ningún dividendo” y que concurrieron en la contratación de manera “absolutamente legal, real y a precio de mercado”.

El escrito se remite al auto en el que el instructor del caso, Antonio Serrano-Arnal, sobreseía la pieza por presunto enriquecimiento ilícito a través de empresas privatizadas cuando Rato era ministro al tratarse de conjeturas.

Hecho en el que insiste este nuevo texto pues las “meras fábulas, suposiciones o hipótesis” sobre posibles conductas “tan difuminadas” como las planteadas por el Instituto Armado, “no revierten de la suficiente solidez y fundamentación para ser considerados bajo una perspectiva penal”.

En concreto, critica que el documento sospeche de la facturación de las empresas presuntamente vinculadas a Rato o a su entorno cuando privatizadas como Repsol o Iberia siguieron manteniendo relaciones contractuales hasta “mucho después de que dejara de tener influencia”, prolongándose incluso tras la salida del accionariado del exministro.

Sobre COR Comunicación, que recibió 2,2 millones de euros de Paradores, asegura que los servicios contratados fueron objeto de concurso, circunstancia reconocida por la UCO y que la fiscal “obvia”.

Motivo por el que descarta una malversación de capitales públicos como interpreta la Guardia Civil de forma “simplista e ignorante”, sin tener en cuenta la “realidad mercantil” de una agencia de medios.

Con todo, refuta la tesis de la fiscal de no considerar prescritos los supuestos delitos que le achaca y defiende que, de haberse producido, toda responsabilidad penal quedó extinguida hace al menos tres años.

Rato contraría, no obstante, al juez, que a pesar de decretar el sobreseimiento provisional de esta parte de la investigación empleó el atestado para abrir una nueva pieza, ya que el informe no ofrece “ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad”.

Por ello, el ex director gerente del FMI concluye que el escrito de Anticorrupción es “una muestra más” de la causa general que le atribuye delitos “sin relación alguna con la denuncia inicial, que tuvieron lugar hace más de 20 años y sobre los que no existe indicio alguno de criminalidad”.

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