Instituciones europeas rehúsan dar a bonistas del Banco Popular informes sobre su resolución

Bruselas, 25 oct (EFE).- Las instituciones de la Unión Europea (UE) implicadas en la resolución del Banco Popular han rehusado entregar a un grupo de bonistas que perdieron toda su inversión en la operación los documentos sobre los que basaron su decisión, según las cartas intercambiadas entre ellos a las que hoy tuvo acceso Efe.

El grupo de inversores -formado por los fondos Algebris, Ronit Capital y Anchorage Capital- pedía en particular acceder al informe de la consultora Deloitte que atribuyó a la entidad un valor negativo de entre 2.000 y 8.200 millones de euros.

En ese contexto, los afectados prevén dar un paso más en sus esfuerzos por anular la resolución y en los próximos días recurrirán ante el panel de apelación de la Junta Única de Resolución (JUR) la negativa a proporcionarles información.

El pasado 7 de junio, la JUR ordenó la resolución del Banco Popular a instancias del Banco Central Europeo (BCE), que determinó que la entidad era inviable o iba camino de serlo tras sufrir una crisis de liquidez.

El Popular fue vendido por un euro al Banco Santander, que mañana presenta sus resultados del tercer trimestre, y se redujo a cero la inversión de accionistas y tenedores de deuda subordinada.

El citado grupo de inversores ha enviado desde julio veintiuna cartas a la JUR, el BCE y la Comisión Europea, que validó la decisión, en las que requiere la información que sirvió de base para la misma.

Hasta ahora, las instituciones han negado el acceso a los documentos, incluido el informe de Deloitte, por considerar que su publicación podría perjudicar la estabilidad financiera.

La JUR argumenta que existe el «riesgo» de que la publicación de documentos que contengan información sobre su política de resolución «mine su capacidad de actuar efectivamente en futuros casos» y resalta la «necesidad de proteger los intereses comerciales» del Banco Popular, puesto que sigue operativo, indican esas cartas.

El BCE, por su parte, ha rechazado dar información relativa al volumen de liquidez de emergencia (ELA) que proporcionó al Popular y el colateral que aportó el banco antes de quedarse sin más para seguir recibiendo liquidez.

La institución cree que esta información es «comercialmente sensible», que su publicación «reduciría la efectividad de la ELA como herramienta para mantener la estabilidad financiera» y que «minaría la habilidad de los bancos centrales nacionales para responder de forma efectiva a futuras crisis severas de liquidez», según se recoge en las misivas a las que Efe ha tenido acceso.

Señala también que revelar información sobre la situación de liquidez y capital del Popular «provocaría especulación en el mercado sobre la posición de liquidez del Santander».

Los inversores, sin embargo, argumentan que la información es «puramente histórica», pues la resolución ya se ha completado, así como que el acceso a los documentos es esencial para poder defender su causa en los tribunales.

Para tener un juicio justo «cualquier elemento que pueda influir en el resultado de los procesos debe ser publicado, asegurando el equilibrio de los derechos de las partes. En este momento, la JUR tiene documentos claves a los que nuestros clientes no tienen acceso», argumentan en su última carta a la JUR los inversores, representados por el bufete de abogados Quinn Emmanuel.

Este grupo recurrió la decisión ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) el pasado 17 de agosto y, el 7 de septiembre, presentó ante la Audiencia Nacional un recurso contra el Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (FROB), que ejecutó la operación.

La CE y la JUR tendrán que comparecer ante el TGUE antes del 19 de diciembre y del 15 de enero, respectivamente.

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