La AIReF avisa del coste fiscal de una renta mínima que desbordaría el déficit

Madrid, 14 nov (EFE).- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que el coste fiscal de aplicar una renta mínima de 426 euros sería «relevante», del entorno de los 13.000 millones de euros, y ha advertido de que haría que el déficit público se situara por encima del 3 % del PIB.

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, comparece hoy en la Comisión de Empleo del Congreso para evaluar la proposición de ley que se está elaborando sobre una prestación de ingresos mínimos para personas sin empleo, y que -en su opinión- se trata de una iniciativa «compleja» e «híbrida» ya que combina conceptos de renta básica con otros vinculados a un impuesto negativo.

Escrivá ha señalado que según está diseñada esta prestación, los posibles beneficiarios serían cerca de 1,8 millones de personas y el coste fiscal rondaría entre los 6.000 millones y los 13.000 millones de euros, dependiendo de si hay que complementar la renta por cargas familiares.

Por lo tanto, ha señalado que el déficit se desbordaría entre medio punto y un punto y medio del PIB, lo que «nos llevaría fuera del 3 % y nos sacaría fuera de la senda de consolidación».

La AIReF ha realizado esta proyección según la evolución económica y de déficit público desde el año 2002 hasta el 2020, por considerar que se trata de dos fechas económicamente neutrales.

Escrivá ha advertido de que el impacto de la aplicación de esta renta mínima es «relevante» desde el punto de vista de la sostenibilidad de las cuentas públicas y ha alertado de que aumentaría el desequilibrio financiero y de deuda de las diferentes administraciones, con lo que al final se terminarían aplicando medidas que «no cumplan en plenitud con los objetivos para los que estaban diseñadas».

El presidente de la AIReF ha analizado el diferente mapa de prestaciones existentes en España y ha explicado que en 2016 el gasto total del Estado y de las CCAA en este tipo de programas representó el 0,7 % del PIB.

El Estado gastó en prestaciones de protección, tanto por desempleo, como por subsidios o similares cerca del 0,6 % del PIB, mientras que las CCAA gastaron 1.400 millones de euros y los ayuntamientos cerca de 700 millones.

Las prestaciones contributivas por desempleo supusieron el 1 % del PIB y beneficiaron a cerca de 750.000 personas, mientras que los subsidios representaron el 0,5 % del PIB y beneficiaron a 850.000 ciudadanos y la renta mínima de inserción supuso un coste de 2.200 millones y tuvo 226.000 beneficiarios.

Las prestaciones de esta naturaleza vinculada a las CCAA ayudó a unas 320.000 personas.

Escrivá ha reiterado que para poner en marcha una renta mínima hay que analizar la evidencia internacional y tener en cuenta que la tendencia es condicionar estas ayudas, limitar su duración y simplificar su acceso, además de hacer un seguimiento continuo en estos programas.