Un empresario niega pagos a Temer en un caso por el supuesto fraude en un decreto

Sao Paulo, 15 feb (EFE).- El empresario brasileño Joesley Batista, uno de los dueños del grupo cárnico JBS, negó hoy en una declaración a la Policía Federal pagos al presidente Michel Temer en el marco de una investigación contra el mandatario por supuesto fraude en un decreto sobre el sector portuario.

“En relación al decreto de puertos, él (Joesley) negó taxativamente cualquier pago para el presidente Michel Temer”, dijo el abogado del empresario, André Callegari, en declaraciones recogidas por medios locales al término del testimonio, que tuvo lugar en Sao Paulo.

Batista declaró por primera vez en la investigación mediante la cual las autoridades tratan de averiguar si un decreto sancionado por Temer, y que alteró la ley de puertos, benefició a la empresa Rodrimar a cambio de sobornos pagados al partido Movimiento Democrático Brasileño, que lidera el propio gobernante.

La apertura de esa investigación fue autorizada por el magistrado Luis Roberto Barroso, de la Corte Suprema, en septiembre del año pasado a petición del entonces Fiscal General de la República, Rodrigo Janot.

Temer ya entregó el pasado 18 de enero por escrito las respuestas a las 50 preguntas formuladas por la Policía Federal en relación con este caso.

Batista se encuentra, junto con su hermano Wesley, en prisión preventiva desde septiembre del año pasado acusado de diversos delitos que van desde corrupción hasta uso de información privilegiada para beneficiarse de las operaciones de su compañía en la bolsa de Sao Paulo.

Ambos hermanos estuvieron en 2017 en el centro de un escándalo de corrupción tras unas explosivas declaraciones a las autoridades en las que confesaron haber pagado sobornos a cientos de políticos de todo el arco ideológico, entre ellos al propio Temer.

Con base en esos testimonios, la Fiscalía denunció el año pasado en dos ocasiones a Temer por supuesta corrupción, pero el mandatario consiguió librarse de la apertura de sendos juicios penales gracias al apoyo del Congreso, al que por imperativo legal le corresponde avalar o no las denuncias contra jefes de Estado en ejercicio.

Joesley reafirmó hoy “la participación general (del presidente)” en esos otros contextos en el que ocurrieron “algunos pagos”, pero que “nada tienen que ver con el decreto para beneficiar puertos o la concesión de alguna empresa vinculada a JBS”, agregó Callegari.

Los comentarios de Joesley en relación a esas dos pasadas denuncias no tienen ya ningún efecto, pues en ambas ocasiones el Congreso archivó y rechazó los cargos contra Temer, cuyo mandato finaliza el 1 de enero de 2019.

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