Madrid, 1 abr (EFE).- El juicio por la presunta estafa de Fórum Filatélico llega esta semana a su recta final con la presentación de las conclusiones de las partes, tras ocho meses de sesiones en los que han desfilado por la Audiencia Nacional cerca de 150 personas, entre acusados, testigos y peritos.
Once años después de la intervención judicial de Fórum Filatélico, en mayo de 2006, la excúpula de la sociedad se sentó en el banquillo y sus miembros fueron acusados de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de dinero.
Delitos por los que el que fuera presidente de Fórum, Francisco Briones, se enfrenta a una petición de condena de hasta 19 años de cárcel como «líder de una organización de marcado carácter presidencialista» que dejó un desfase patrimonial de 2.848 millones, como consta en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción.
Anticorrupción extiende, además, su acusación a otras 29 personas, incluidos el que fuera director general Antonio Merino Zamorano; el Consejo de Administración integrado por Miguel Ángel Hijón, Agustín Fernández, Francisco José López Gilarte y Juan Maciá; y el asesor jurídico, Juan Ramón González.
Para ellos solicita penas de hasta once años de prisión por participar de una actividad de captación masiva de fondos mediante contratos de inversión filatélica que ofrecían elevadas rentabilidades abonadas con las aportaciones de otros clientes dentro de un esquema piramidal.
Desde aquel 9 de mayo de 2006 en el que fueron intervenidas las sedes de Fórum Filatélico y de Afinsa, el destino de ambas sociedades ha estado indisolublemente unido.
Ambas captaban inversores a los que aseguraban una alta rentabilidad mediante la adquisición y gestión de un fondo filatélico, y aunque no tenían relación accionarial ni compartían gestores, utilizaron un sistema similar de negocio.
En total, ambos casos ocasionaron un agujero de 5.000 millones con el que resultaron afectados 470.000 pequeños ahorradores, de los que sólo han recuperado el 20,5 % en el caso de Fórum mientras que los de Afinsa han percibido un 5 %.
Durante estos ocho meses los acusados han negado todos los hechos, han reiterado que las operaciones de compraventa de sellos se ajustaban a las condiciones de mercado y han señalado a la administración como la responsable de las perdidas sufridas por los clientes.
Todos ellos han defendido que el dinero de los clientes no peligró hasta la intervención judicial, pese a que el desfase patrimonial del que tienen que responder se eleva a 2.848 millones de euros, como consta en la acusación de la Fiscalía Anticorrupción.
El expresidente Briones se encargaba de fijar personalmente cada trimestre el valor de los sellos, y junto con otro de los acusados, Carlos Llorca, actualmente en busca y captura y supuestamente refugiado en Isla Margarita (Venezuela) tras haberse sometido a varias operaciones de cirugía estética, embarcó a Fórum en numerosas inversiones.
Para el fiscal Juan Pavía, que el miércoles expondrá su informe final, está claro que Briones y Llorca realizaban operaciones inmobiliarias con fondos procedentes de los inversores, previamente desviados a cuentas bancarias de sociedades controladas por ambos.
Entre los que han comparecido como testigos destacan los expresidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Manuel Conthe y Juan Fernández Armesto.
Conthe explicó que la sociedad pudo aumentar su actividad piramidal tras el «lamentable» cambio normativo de 2003, y señaló al Banco de España como el organismo que debió impedir las operaciones.
Fernández Armesto, por su parte, indicó que Fórum no estaba bajo la supervisión de la CNMV, que en 1999 atendió una reclamación sobre la filatélica, y añadió que en aquellos años, los supervisores -Banco de España, Dirección General de Seguros y CNMV- se repartían el control de bancos, aseguradoras y emisores de valores.
