Bruselas, 23 may (EFE).- La Comisión Europea dio hoy el visto bueno al borrador de presupuesto español para 2018, que respeta «en general» las normas de disciplina fiscal europeas, pero advirtió de que España no cumplirá la meta de déficit y de que la subida de las pensiones este año aumentará el desvío presupuestario.
En este contexto, Bruselas pidió al Gobierno que esté «listo para tomar más medidas» dentro del proceso presupuestario para asegurar que las cuentas de 2018 cumplen totalmente las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
«Adoptamos hoy una opinión de cumplimiento en general, lo que viene a confirmar que España pasará claramente por debajo del 3 % (del PIB) de déficit este año», explicó el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, en una rueda de prensa.
El Ejecutivo comunitario publicó hoy su opinión sobre el borrador de presupuesto que el Gobierno le remitió el 30 de abril, incluida la subida de pensiones del 1,6 % este año pactada recientemente, así como las recomendaciones de política económica para el país.
A Bruselas le basta para dar el visto bueno con que el déficit vaya a quedar por debajo de la cota del 3 % considerada excesiva, lo que debería permitir a España encaminarse hacia la salida del procedimiento por déficit excesivo, dónde se quedará sola después de que hoy la Comisión haya propuesto cerrar el procedimiento a Francia.
Sin embargo, advierte de que el país no cumplirá «ni el objetivo de déficit ni el esfuerzo fiscal» que se le pidieron en 2016 y de que el presupuesto de 2018 es incluso «expansivo».
Según lo pactado con Bruselas, España debía reducir su déficit al 2,2 % del PIB y hacer un ajuste estructural del 0,5 % en 2018, pero de acuerdo con las últimas previsiones de la Comisión -emitidas el 3 de mayo- el déficit se irá al 2,6 % y el balance estructural aumentará en 0,3 puntos.
Además, si se tiene en cuenta la subida de las pensiones del 1,6 % este año, que la Comisión no evaluó en sus estimaciones de principios de mes, la previsión de déficit habría sido una décima mayor para este año, del 2,7 %, indicó hoy Bruselas.
El Gobierno, sin embargo, prevé cumplir con el 2,2 % de déficit este año.
En sus recomendaciones específicas para el país, Bruselas señala que la subida de las pensiones y el aplazamiento del factor de sostenibilidad «ponen en cuestión el compromiso» de España con las reformas de las pensiones aprobadas en 2011 y 2013.
Bruselas, que opina que estas reformas contribuyeron a «garantizar» la sostenibilidad del sistema», critica además que la subida «no aborda el desafío principal» de si los ingresos de los futuros jubilados serán adecuados, un problema que considera «más ligado al alto desempleo y la segmentación del mercado laboral».
Por otra parte, la Comisión Europea pide a España que haga un ajuste estructural del 0,65 % del PIB en 2019, una cifra «ligeramente» superior al 0,6 % que se recomienda normalmente, y que responde sobre todo a que el paro persiste «alto», según explicó el vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, Valdis Dombrovskis.
El comisario europeo señaló que el desempleo, aunque «desciende rápidamente», muestra que «aún hay problemas estructurales».
Bruselas pide también a España «utilizar el viento a favor para acelerar la reducción del ratio de deuda pública con respecto al PIB».
En materia laboral, subraya, como ha hecho en las últimas ocasiones, que el número de contratos temporales está «entre los más altos de la UE» y rara vez conducen a un puesto fijo, por lo que le pide «más medidas» para incentivar los contratos indefinidos.
Insiste en que debe mejorarse la «cooperación» entre los servicios de empleo y los empleadores y mejorar los sistemas que garantizan los ingresos para las familias, dónde ve muchas «disparidades» en los criterios de acceso entre regiones.
Llama además a atajar el abandono escolar y a «aumentar la inversión pública en investigación e innovación».
Bruselas reconoce que España ha hecho «algunos progresos» a la hora de cumplir sus recomendaciones pasadas, pero le pide más para mejorar sus marcos fiscal y de contratación pública.
