Madrid, 29 may (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, considera que los procesos de cambio son «malos para dar salida a un acuerdo», por lo que cree que el relevo al frente de la CEOE que se producirá a final de este año debería ser un incentivo para llegar a un acuerdo salarial y por el empleo antes del verano.
En una entrevista con Efe, Sordo asegura que tanto sindicatos como patronal tendrían que hacer un esfuerzo para dejar el acuerdo «enfilado» antes del verano, porque el cambio en la presidencia de la CEOE complicará la negociación.
Sordo atribuye en parte la falta de acuerdo a que dentro de la CEOE existe una pugna con las empresas cuya rentabilidad se basa en «tirar sueldos» y en «asiatizar las condiciones de trabajo» -como las del sector multiservicios- que están presionando para que los trabajadores no recuperen poder adquisitivo.
A su juicio estas empresas, que constituyen una competencia desleal para el resto, no pueden ser las que condicionen la posición de la patronal y aboquen al país hacia un modelo «low cost», algo que «no es de recibo desde un punto de vista de eficacia macroeconómica».
«Si la patronal sigue encerrada o encelada en su propuesta de hasta el 2 % no puede haber acuerdo salarial», insiste Sordo, que explica que el 0,1 % también entra en «hasta el 2 %» y que los sindicatos no van a aceptar ninguna oferta que no suponga una recuperación clara de poder adquisitivo.
Ante el bloqueo de la negociación, los sindicatos plantean un proceso de movilización creciente en el ámbito de la negociación colectiva, porque Sordo cree que la batalla hay que darla en el lugar donde están en juego los salarios, que son las empresas y los sectores donde se firman los convenios colectivos.
«De momento hay que seguir por ahí, aunque no descartamos ningún escenario», dice Sordo en referencia a la huelga general, al tiempo en que hace hincapié en que los sindicatos no van a dejar que la negociación muera de forma pacífica.
Sordo confirma que desde el Gobierno están tratando de «empujar» para que haya acuerdo salarial, una actitud que ha calificado de «contradictoria», porque «siguen en sostenerla y no enmendarla» con una reforma laboral que «objetivamente dificulta hasta el extremo la subida de los salarios».
Explica que después del acuerdo para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 850 euros en 2020 y el pacto para los empleados públicos que supone revertir en parte los recortes de los últimos años, al Gobierno le habría gustado un acuerdo salarial para la negociación colectiva.
«Pero en el pecado de la reforma laboral lleva la penitencia de la dificultad para dar salida a acuerdos que sirvan para recuperar los salarios en España», dice.
Además de retirar la reforma laboral, ve urgente llevar a cabo cambios profundos en legislaciones que están detrás de un crecimiento sin reparto, asuntos como las pensiones, precariedad, igualdad de género y fiscalidad.
Sin embargo, manifiesta sus dudas acerca de la capacidad actual del Gobierno para dar salida a propuesta alguna, ya que cree que «la Legislatura ha llegado a su tope».
Considera que la forma más sencilla para cambiar la situación política actual hubiera sido la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aunque «no parece que tenga la más mínima intención de precipitar los hechos» por lo que ve comprensible la moción de censura planteada por el PSOE.
«Si tenemos un Gobierno absolutamente cohibido y sin ningún tipo de apoyo parlamentario, la Legislatura está muerta y no podemos permitirnos una Legislatura muerta», añade.
Por ello, apuesta por una nueva convocatoria electoral «para buscar un proceso de relegitimación de la acción de gobierno y de la acción institucional».
«Si salvada la moción de censura nos encontramos con una acción de gobierno castrada y sin apoyos, como todo parece indicar, habría que plantear una nueva convocatoria electoral», dice Sordo.
Pase lo que pase con la moción, asegura que va a haber «un antes y un después de la sentencia de la Gürtel» para el Ejecutivo, cuya acción de gobierno «está absolutamente bloqueado» y que no tiene la capacidad de dar salida a las propuestas en el diálogo social.
La misma situación augura para la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, cuyas negociaciones para revisar el sistema de pensiones se verán aún más «empantanadas» por la situación política.
