Montero asegura que no habrá concesiones discriminatorias en financiación

Madrid, 27 jun (EFE).- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado hoy que no harán “concesiones discriminatorias” para ninguna comunidad en la reforma del sistema de financiación autonómica, como había apuntado el PP en referencia a Cataluña.

Respondía así en el Pleno del Congreso a una interpelación del grupo popular sobre ese asunto, defendida por el diputado José Vicente Marí, quien se ha referido a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había “parado en seco” en una semana esa reforma.

Marí ha dicho que los presidentes autonómicos socialistas están “en franca rebelión” y que el PSOE, que ahora ya no considera prioritario este asunto, no ha aportado ninguna propuesta de cambio.

Ha reconocido que es un debate difícil, pero que el Gobierno “no puede abdicar de negociar” y le ha advertido de que haría “mal en sustituir” la negociación multilateral “para volver a pactar”, como hizo en 2009, “con ERC y excluir a otros”.

Para Marí, una gran parte del trabajo está hecha, con el informe de los expertos, los trabajos de las comisiones técnicas y las aportaciones desde las comunidades, además de contar ahora con una economía “en intenso crecimiento”.

Tras insistir en sus “sospechas de hipotecas contraídas” por el Gobierno con “los populistas y los independentistas”, le ha pedido que se comprometiera a “no realizar concesiones bilaterales” que puedan afectar a la igualdad entre españoles.

Montero le ha dicho que si “todo estaba tan llano para llegar a un consenso porque no lo han hecho ustedes” y “ahora quieren que se haga en 20 días”.

Ha insistido en que ni el anterior Ejecutivo ni el PP ha presentado una propuesta de reforma en todo este tiempo y que el modelo actual caducó en 2013, por lo que ellos tenían que partir “prácticamente de cero”, si bien ha reconocido el trabajo hecho por algunos territorios.

Ha avanzado que van a trabajar “activamente en la construcción” del modelo, que garantice la equidad, sea sostenible en el tiempo y permita revitalizar los servicios públicos para que no haya diferencias de acceso según donde se viva.

Montero ha señalado que el nuevo modelo debe aportar garantías en la prestación de los servicios e igualdad, que no consolidará desigualdades anteriores, “aquilatará” los servicios públicos y permitirá a las comunidades “hacer política”.

Tras reconocer que es un proceso “largo, ambicioso y complejo” en el que el Ejecutivo anterior “no ha puesto ni los escalones para desarrollar el modelo”, ha precisado que quieren su renovación, para lo que es necesario una valoración de las necesidades de gasto real de los servicios públicos, cuantificar la insuficiencia financiera de las autonomías o hacer un análisis de competencias homogéneas y de la fiscalidad.

Además, se debe hacer una armonización fiscal de los tributos cedidos, estudiar el reparto de los ingresos entre los distintos niveles de las administraciones y una reforma “profunda” del funcionamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Como el diputado ha insistido en que se podía afrontar en lo que queda de legislatura la renovación, Montero le ha preguntado si el Gobierno anterior había empezado alguna negociación con las comunidades “con nocturnidad y bilateralidad” de la que “no tenemos ni idea”.

La ministra ha recogido la oferta de “que ahora sí van en serio” para negociar la financiación y ha precisado que también tendrán que hablar con las comunidades.

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