Las empresas en concurso se mantienen a la baja hasta junio al caer un 2,2 %

Madrid, 3 ago (EFE).- El número de empresas que se declararon en concurso de acreedores -antigua suspensión de pagos- en el primer semestre del año fue de 2.266, un 2,2 % menos respecto al de 2017, ejercicio que cerró con un 2,3 % menos de sociedades en liquidación y que consolidó cuatro años consecutivos de descensos.

Los datos provisionales publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) evidencian, sin embargo, un repunte significativo de las personas físicas sin actividad empresarial declaradas insolventes entre enero y junio, 801, un 6,4 % más que en el mismo periodo del año anterior, lo que atenúa la caída en el acumulado del total de deudores (0,1 %).

Según la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac), estos números, muy inferiores a los de otras economías del entorno como Francia (58.000 en 2016) y Alemania (más de 21.000), evidencian que las sociedades españolas “aún no perciben el concurso como la manera más natural de cerrar una empresa con deudas”.

La última Estadística de Procedimiento Concursal conocida hoy, que desde 2005 sustituye a la de suspensiones de pago y declaraciones de quiebra, expone que el número total de concursados en el segundo trimestre de 2018 ascendió a 1.610, un 0,9 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Supone además un incremento del 10,5 % respecto a los tres primeros meses -la tasa más alta de los últimos cinco años- cuando se registraron 1.457 procedimientos, si bien no consigue invertir de signo al acumulado del año, en negativo con el 0,1 % menos de concursos de empresas y particulares.

Una brecha que, no obstante, puede corregirse en la recta final de 2018, ya que el tercer trimestre registra históricamente un menor número de casos por la baja actividad administrativa y profesional vinculada a la creación o destrucción de las empresas.

Al margen de las sociedades concursadas, la estadística evidencia que 410 personas físicas sin actividad empresarial, el 25,5 % del total, también se acogieron a dicha vía en el segundo trimestre.

En cuanto a la forma jurídica, un 81,8 % de las compañías eran sociedades de responsabilidad limitada, y del total, un 38,3 % se situaban en el tramo más bajo del volumen de actividad (menos de 250.000 euros).

Respecto a la actividad que desarrollaban, un 21,3 % pertenecía al comercio, un 16,6 % a la construcción y un 15,3 % se dedicaba a otro tipo de servicios.

Por asalariados, el 60,1 % del total de empresas en concurso contaba con menos de seis empleados, y entre éstas, un 33,1 % no tenía ninguno.

En función de la antigüedad de las compañías, un 18,9 % había sido constituida hacía veinte años o más, mientras que un 21,9 % tenía menos de cuatro; de éstas, el 23,6 % se dedicaba al comercio.

Por su parte, las empresas de mayor trayectoria pertenecían en su mayoría, un 53,7 %, al comercio y a la industria y energía

El reparto geográfico destaca tanto a Cataluña como a Madrid, que concentraron en el segundo trimestre el 45 % de los deudores concursados en España, mientras que fue en Navarra donde se produjo la mayor bajada en variación anual tras caer un 41,2 %; por el contrario, La Rioja experimentó el repunte más notable, del 200 %.

Tras Cataluña (423) y Madrid (293) se encuentran, por número, Comunidad Valenciana (197) y Andalucía (137).

Por debajo del umbral de los cien procedimientos, País Vasco (80); Galicia (68); Aragón (65); Murcia (64); Castilla y León (59); Castilla-La Mancha (58); Baleares (41); Asturias (32); Canarias (27); Extremadura (22); Cantabria y La Rioja (ambas con 12), y Navarra (10).

La estadística incorpora información proporcionada por los juzgados de lo Mercantil, de Primera Instancia o de Instrucción con competencia en la materia, repartidos por el territorio nacional.

Todos los procedimientos se han producido al amparo de la Ley Concursal, aprobada de forma definitiva en mayo de 2015, y que persigue que las empresas que acuden a estos procedimientos y sean viables, puedan seguir operando, al tiempo que permite a los acreedores cobrar parte de su deuda.

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