Madrid, 19 ago (EFE).- El Ministerio de Hacienda continúa trabajando en la negociación de su propuesta de senda de estabilidad para el periodo 2019-2021, que ya fue rechazada por el Congreso de los Diputados y que el Consejo de Ministros volverá a aprobar este viernes para remitirla a las Cortes.
Fuentes del Ministerio de Hacienda han indicado a Efe que el Gobierno trabaja en la búsqueda de un acuerdo con otros grupos, unas conversaciones que hace unas semanas hacían a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mostrarse «más optimista» de poder aprobar la senda en este segundo intento.
El pasado miércoles, Unidos Podemos emitió un documento con sus reclamaciones al Gobierno de cara a negociar un eventual apoyo a la senda, entre las que se incluye elevar el objetivo de déficit para 2019 por encima de lo pactado con Bruselas.
También pide derogar la Ley de Estabilidad y las normativas adoptadas durante la crisis en materia de sanidad, educación o dependencia, así como aumentar la recaudación tributaria a través de nuevos impuestos, como uno para grandes fortunas, o la supresión de las deducciones por planes de pensiones privados.
Ese mismo día, el Gobierno respondió que la senda propuesta ya cumple con sus compromisos tanto con los ciudadanos como con Europa y situó la estabilidad presupuestaria como la menor manera de mantener el Estado del bienestar.
Sin embargo, sí se mostró partidario de aumentar la recaudación tributaria mediante impuestos a grandes corporaciones y sectores que ahora «escapan del radar de Hacienda» y sin afectar a la clase media, pymes ni autónomos, porque «no se puede tener un Estado de bienestar de primera con unos ingresos de tercera»
De hecho, algunas de las medidas propuestas por Unidos Podemos ya formaban parte de los cambios que pretende impulsar el Ejecutivo, como el impuesto a la banca o el establecimiento de un tipo efectivo mínimo del impuesto de sociedades para grandes empresas.
Tanto PP como Ciudadanos han insistido en su rechazo a la flexibilización de la senda propuesta por el Gobierno, así como en su oposición a las subidas de impuestos planteadas por Unidos Podemos.
El Gobierno negoció con Bruselas una nueva senda de estabilidad presupuestaria que flexibilizaba la anterior, al fijar los objetivos de déficit para 2019, 2020 y 2021 en el 1,8 % del PIB, el 1,1 % y el 0,4 %, cuando los pactados por el anterior ejecutivo eran del 1,3 %, el 0,5 % y un superávit del 0,1 %, respectivamente.
Sin embargo, esta senda fue rechazada en el Congreso, donde solo logró el apoyo de PSOE y PNV, algo que el Gobierno achacó en parte al efecto desincentivador del previsible bloqueo por parte de la mayoría absoluta del PP en el Senado, que impediría su aprobación.
La Ley de Estabilidad señala que la senda de estabilidad tiene que aprobarse tanto en el Congreso como en el Senado, sin vuelta a la Cámara Baja como ocurre con la mayoría de las leyes, lo que concede a la Cámara Alta un poder de veto que ha sido cuestionado por varios partidos e incluso por miembros del propio Ejecutivo.
También establece que, en caso de rechazo, el Gobierno tiene que presentar una nueva senda en el plazo de un mes, algo que prevé hacer con su aprobación en el Consejo de Ministros del viernes 24 de agosto.
Montero ya ha indicado su intención de presentar de nuevo los mismos objetivos, ya que no se plantea ni renunciar al mayor margen que permite Bruselas -como defienden PP o Ciudadanos- ni exceder dicho margen -como reclama Unidos Podemos-.
La ministra confía en que puedan aprobarse los nuevos objetivos tras un tiempo de «reflexión» y con las negociaciones abiertas, en las que se muestra dispuesta a acordar iniciativas que después se incluirían en el futuro proyecto presupuestario de 2019.
En caso de que finalmente la senda de estabilidad vuelva a rechazarse en el Congreso o el Senado, se aplicarían los objetivos de déficit pactados por el anterior Gobierno, más restrictivos, ya que son los únicos que en estos momentos cuentan con el aval de las Cortes.
