El derecho de audiencia, nueva ocasión para que la UE compense por el Popular

Madrid, 25 ago (EFE).- Aunque Europa ha descartado por ahora la compensación, los afectados por la resolución del Popular disponen hasta el 14 de septiembre de la oportunidad de cambiar ese criterio a través del derecho de audiencia, una garantía legal que busca asegurar la defensa del ciudadano frente a la Administración.

Desde el pasado 6 de agosto, la Junta Única de Resolución (JUR), organismo que ordenó ejecutar la operación a instancias del Banco Central Europeo (BCE), pone a disposición de los perjudicados un formulario para adherirse a esta fórmula, a la que algunas plataformas de consumidores ya han definido como un “lavado de cara”.

Disponible en la página web de la JUR (srb.europa.eu), el registro va dirigido únicamente a los accionistas y tenedores de deuda subordinada del Popular, particulares o del tramo mayorista, con títulos en vigor el 7 de junio de 2017, fecha de la resolución y posterior amortización de este tipo de inversiones.

En la primera fase, los interesados deberán identificarse bien como persona física o representante de esta, bien como organización, y aportar la documentación que acredite la propiedad de estos “instrumentos relevantes”.

Entre los documentos aceptados están los extractos bancarios con el valor final de la inversión inmediatamente después de la resolución del Popular y de su venta al Santander, y el mensaje oficial de la propia entidad, de una sociedad de valores o de una autoridad pública comunicando la amortización.

Asimismo, la JUR admite informes de plataformas de inversión “online” de participaciones que evidencien la propiedad de los títulos siempre con el sello oficial de la entidad en la que estaban depositados los valores, aunque se reserva el derecho de requerir información adicional.

Expirado el plazo el próximo 14 de septiembre a las 12:00 horas (hora española), no podrán remitirse nuevos formularios.

Tras ello y en un periodo aún por concretar, los afectados que cumplan con los requisitos pasarán a una segunda fase en la que deberán remitir por escrito su opinión “en relación solamente a la decisión preliminar de que la compensación no necesitaría ser otorgada y el razonamiento”, explica la JUR.

A comienzos de agosto, el organismo que preside Elke König se oponía al resarcimiento tomando de base el “informe de valoración 3” de Deloitte, según el cual los inversores habrían perdido más en un proceso de insolvencia.

La consultora, que aún debe presentar su informe definitivo, calculaba que las pérdidas en las que habrían incurrido los acreedores habrían sido en el mejor de los casos de 23.400 millones de euros, y en el peor de 34.100 millones, frente a los 11.400 millones que perdieron en la operación.

De igual modo, añadía que la insolvencia ordinaria habría generado unas pérdidas de entre 1.800 y 2.200 millones de euros para el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que habrían tenido que utilizarse para proteger el dinero depositado por los clientes por debajo de los 100.000 euros.

Reconocido por el reglamento 806/2014 que supuso el nacimiento de la JUR, el derecho de audiencia (“Right to be heard”, en inglés) se basa en los principios generales de la Unión Europea, en concreto en el “derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente”.

De momento, algunos perjudicados ya han manifestado su voluntad de adherirse, como el grupo de grandes fondos de inversión compuesto, tras la salida de Ronit, por Anchorage, Algebris, Pimco y Cairn Capital, que perdieron unos 800 millones de euros en la resolución.

Esta misma semana, los cuatro grandes denunciaban ante la JUR el último trabajo de Deloitte por contener partes “ilegibles”, como los cuadros con los activos a liquidar, el orden de prelación de los posible acreedores o la cartera de crédito.

A pesar de esta nueva ocasión, tanto expertos como asociaciones de usuarios financieros consultados por Efe recelan de que con sus argumentos, Europa vire su postura inicial ya que de hacerlo “estaría tirando piedras contra su tejado”.

Por ello, aunque muchos agotarán la última vía habilitada por la JUR, apuntan a las demandas civiles como la estrategia de lucha más factible en los tribunales españoles, de los que esperan que hagan justicia y ordenen la devolución de su dinero.

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