Expectación entre los usuarios de las “black” en un mes clave para su futuro

Madrid, 2 sep (EFE).- Desde que en mayo el Tribunal Supremo comenzara a estudiar sus recursos, 60 condenados por las tarjetas “black” de Caja Madrid aguardan expectantes la decisión de la sala, entre ellos el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, que de confirmarse su pena podría ingresar en prisión antes de 2019.

Tras casi dos años de instrucción, cinco meses de juicio y una muerte inesperada -el suicidio del expresidente de la entidad Miguel Blesa, sobre quien pesaban seis años de cárcel-, fuentes consultadas por Efe esperan que el fallo se conozca en las próximas semanas.

De no requerir una tercera prórroga, la sala de lo Penal pondrá punto y aparte al caso antes de que se cumplan cuatro años desde que los conocidos “correos de Blesa” sacaran a la luz este sistema, definido como “black, a efectos fiscales” por el exsecretario del consejo Enrique de la Torre.

A nivel formal, las defensas confían en que se revoque la sentencia por no estar suficientemente motivada y recoger los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción sin abundar en más explicaciones.

En cuanto al contenido, elevan las críticas contra la principal prueba inculpatoria, las hojas de cálculo Excel aportadas por Bankia, cuya validez procesal vuelven a cuestionar como hicieran durante el proceso.

Hechos que recoge el propio Rato en su recurso, en el que reitera el carácter íntimo de unos datos que “fueron tratados y extraídos antes de la solicitud de la Fiscalía”.

Al respecto, denuncia que fueran incluidos en el informe de auditoría de la entidad al haber tenido acceso a ellos “sin autorización judicial y sin que existieran razones de urgencia”, una falta de diligencia que habría “vulnerado derechos fundamentales”.

Este presunto quebrantamiento del derecho a la intimidad mantiene abierta una última vía para todos los exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y de la Bankia primigenia, que en caso de una resolución desfavorable del Supremo podrían solicitar el amparo del Tribunal Constitucional.

Como alternativa, algunos letrados apelan a la posibilidad de que el alto tribunal cambie la calificación jurídica y se decante por el supuesto de administración desleal, descartado por la Audiencia Nacional.

Ello abriría la puerta a una sustancial rebaja de las condenas en virtud del Código Penal previo a la reforma de 2015 -aplicado en este procedimiento-, que establece una penalidad menor para este delito respecto a la apropiación indebida; en concreto, prevé un máximo de cuatro años de prisión.

Tras la desaparición de Blesa, el mayor beneficiado por una modificación de este tipo sería Rato, condenado a cuatro años y medio de cárcel como autor de la “merma” de más de 12 millones de euros de Caja Madrid en beneficio de “los intereses lucrativos” de los beneficiarios de las tarjetas.

Aunque la invocación a la administración desleal no es patrimonio exclusivo de los usuarios de las “black”, ya que la acusación popular ejercida por el sindicato CIC pide aumentar la condena por ambos delitos al ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de su ex director general de medios, “colaborador y cómplice”, Ildefonso Sánchez Barcoj.

De los 64, sólo cuatro, condenados a entre dos años y doce meses de cárcel, no han interpuesto recurso, entre ellos el expresidente de la CEOE y de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, que estuvo en la prisión madrileña de Soto del Real desde diciembre de 2012 y al que la Audiencia Nacional adelantó su salida por su avanzada edad.

Tampoco se han personado el ex secretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella y los representantes del PP Mercedes Rojo y Ricardo Romero de Tejada, que dispusieron en total más de 500.000 euros con sus respectivas tarjetas.

Al margen de Rato, entre los escritos objeto de discusión por la sala se encuentran el del exvicepresidente de Caja Madrid y antiguo representante de IU, José Antonio Moral Santín (cuatro años de prisión) y del exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno (dos años).

A ellos se unen el del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández y el del empresario Javier López Madrid, que a pesar de que sus condenas no conllevan el ingreso en prisión buscan la exoneración a las puertas de su segundo proceso legal, el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, en el que regresarán al mismo banquillo junto a otros 12 usuarios de las tarjetas.

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