El Congreso valida la normativa sobre planes de pensiones y blanqueo de capitales

Madrid, 20 sep (EFE).- El Pleno del Congreso convalida hoy el decreto ley que traspone varias directivas europeas para garantizar los planes de pensiones de trabajadores trasladados, favorecer la movilidad de investigadores y perfeccionar el combate del blanqueo de capitales, entre otros objetivos.

La ministra de Econom√≠a, Nadia Calvi√Īo, ha defendido que es urgente esta trasposici√≥n porque ata√Īe a normas que afectan a los derechos de los trabajadores, la prevenci√≥n del blanqueo de dinero y la movilidad de los investigadores.

Seg√ļn Calvi√Īo, tambi√©n es urgente porque el retraso en su adopci√≥n ha motivado que la Comisi√≥n Europea inicie procedimientos formales de infracci√≥n, lo que se puede traducir en cuantiosas sanciones.

Espa√Īa tiene 15 procedimientos abiertos, por lo que Calvi√Īo ha pedido colaboraci√≥n a los diputados para acelerar al m√°ximo las trasposiciones pendientes.

Durante su intervenci√≥n, el diputado de Ciudadanos Vicente Ten Oliver ha lamentado que, seg√ļn sus datos, Espa√Īa encabece el r√°nking de multas por incumplimientos comunitarios y de directivas pendientes de trasposici√≥n, con 31, de las que m√°s de la mitad tienen su plazo vencido.

Ha asegurado que el 70 % de las sanciones de la UE recae sobre Espa√Īa, con 54 millones de euros pagados en los √ļltimos a√Īos y otros 95 millones que podr√≠an caer por incumplimiento de la legislaci√≥n hipotecaria.

En respuesta, la socialista Esther Pe√Īa Camarero ha acusado al PP de haber dejado 72 disposiciones pendientes de trasposici√≥n, 26 de ellas con el plazo vencido y, de ellas, 23 con proceso de infracci√≥n abierto, de forma que en el primer semestre del a√Īo Espa√Īa ha recibido 19 avisos de la UE y tres denuncias.

La popular Susana L√≥pez Ares ha apuntado al respecto que el Gobierno socialista se est√° ahora apropiando del trabajo hecho por el PP para avanzar en las trasposiciones y en este caso s√≥lo ha incorporado un p√°rrafo para posponer en dos a√Īos la entrada en vigor de la administraci√≥n electr√≥nica, hasta octubre de 2020.

A su juicio se trata de “una dilaci√≥n injustificada” en “pago a sus socios independentistas” que favorece que el Gobierno catal√°n pueda desarrollar “una administraci√≥n p√ļblica paralela fuera del control del Estado” y, por lo tanto, “profundiza el proceso independentista”.

El decreto -que a falta de la votación final cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, aunque varios de ellos piden que se tramite como proyecto de ley- busca reducir obstáculos a la movilidad de los trabajadores derivados de ciertos requisitos que las empresas imponen para adquirir derechos en los sistemas complementarios para la jubilación establecidos en las empresas.

As√≠, establece que la edad m√≠nima que se exija para acceder a esos derechos no puede superar los 21 a√Īos y que el per√≠odo de antig√ľedad m√≠nimo para consolidar los derechos en la empresa no puede superar los tres a√Īos.

En materia de blanqueo de capitales, unifica la aplicaci√≥n de medidas de diligencia reforzada a todas las personas con responsabilidad p√ļblica, tanto nacionales como extranjeras; estimula las denuncias de particulares mediante la creaci√≥n de nuevos canales de denuncia, y exige crear un registro de prestadores de servicios a sociedades.

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