El Ayuntamiento de Madrid lleva a la CNMC los viajes gratis de Uber y Cabify

Madrid, 26 sep (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) analizar si la oferta gratuita de servicios de Cabify y Uber de hoy vulnera la competencia, al entender que ofrecer servicios por debajo del coste con el propósito de captar viajeros sería competencia desleal.

En un escrito al que ha tenido acceso EFE, el Ayuntamiento de Madrid indica que la oferta de hoy -que conoce a través de los medios de comunicación- “podría vulnerar determinados artículos de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y los derechos de los consumidores”.

El Ayuntamiento entiende que si, como parece, la oferta de la patronal de los vehículos de alquiler con conductor -VTC- está por debajo de los costes de realización de los servicios, la iniciativa supone captar viajeros “mediante prácticas de competencia desleal” para desviar clientela de un agente del mercado.

Recuerda también en su escrito el Consistorio que el régimen de tarifas en el sector del taxi está fijado por las administraciones, y repasa las características comunes entre los taxistas y los VTC, lo que hace que compitan “directamente” en los viajes puerta a puerta a pesar del diferente régimen jurídico.

El Ayuntamiento asegura que está legitimado a realizar esta solicitad ante la CNMC, después de que la patronal de los vehículos de alquiler con conductor y las plataformas Cabify y Uber oferten gratis un servicio hoy con el fin de dar a conocer la experiencia de sus conductores y explicar su campaña “En el futuro cabemos todos”.

Según un comunicado de Unauto, el servicio será gratis desde las 10.00 hasta las 22.00 y todos los usuarios podrán pedir un viaje sin coste a través de las aplicaciones de Cabify y Uber allí donde operan.

La iniciativa se produce dos días antes de que el Consejo de Ministros apruebe el Real Decreto Ley que regulará las licencias de VTC, previsto para el 28 de septiembre.

El Gobierno aprobará un Real Decreto Ley que facultará a las comunidades autónomas para que regulen la actividad de VTC en sus respectivos territorios, con una posible implantación de segundas licencias para respetar el ratio 1/30 (un VTC por cada 30 taxis), cuya proporción media es actualmente de 1/6 en España.

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