El Cermi pide reformar la Ley de Propiedad Horizontal para mejorar la accesibilidad

Madrid, 29 sep (EFE).- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Gobierno una batería de medidas urgentes para lograr una vivienda accesible y social, entre ellas la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal.

El comité pide el cambio en dicha ley para que las comunidades de vecinos no puedan negarse a realizar las obras pertinentes en las zonas comunes, para garantizar el acceso de las personas mayores o con discapacidad, como sucede en la actualidad, si el coste de las actuaciones supera un determinado número de mensualidades de la cuota de la comunidad.

La entidad también reclama crear una bolsa de viviendas accesibles para que las personas que adquieran una discapacidad puedan residir en ellas mientras realizan las adaptaciones necesarias en su hogar o encuentran una segunda residencia.

También solicita que se lleve a la práctica la concesión de ayudas económicas para realizar adaptaciones en viviendas de personas en situación de dependencia, como prevé el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

En el capítulo impositivo, el Cermi insta a incorporar una deducción fiscal en el IRPF para las aportaciones realizadas por las familias o comunidades de vecinos que tengan que hacer reformas de adaptación de viviendas o zonas comunes para dotar de accesibilidad universal a estos espacios.

Además, en la regulación del impuesto de bienes inmuebles (IBI), la entidad plantea introducir una deducción para los hogares en los que resida una persona con discapacidad, así como durante cinco años tras la ejecución de reformas en una vivienda que se debería aplicar también cuando las obras se realicen en zonas comunes por parte de la comunidad de vecinos.

Por otro lado, su apuesta pasa por incorporar en la ley de arrendamientos urbanos el principio general de no discriminación en sentido amplio para evitar que no se acepte a personas con discapacidad o mayores por temor del arrendador a tener que realizar obras o actuaciones de accesibilidad.

En este sentido, el Cermi pide establecer la obligación del arrendador de llevar a cabo este tipo de actuaciones solicitadas por el arrendatario con discapacidad o mayor, que las precise por causa de discapacidad sobrevenida, siempre que exista ayuda pública para tales fines que sufrague al menos el 70 % del coste.

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