Madrid, 4 oct (EFE).- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado hoy que el impuesto que gravará a las grandes tecnológicas supondrá un tipo del 3 % sobre los ingresos por publicidad, venta de datos y transacciones entre particulares y comercio, y ha perfilado la tributación de las grandes empresas.
El impuesto digital iría dirigido al negocio de la compra, la hostelería y de algunos transportes, ha detallado la ministra, que ha añadido que afectaría a las compañías con una facturación superior a 750 millones de euros en todo el mundo y 3 millones en España.
Este gravamen se tramitará como una proposición de ley por tratarse de un impuesto nuevo, por lo que Hacienda busca el apoyo de otras fuerzas políticas.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado, Montero ha seguido perfilando los cambios impositivos que recogerá el futuro proyecto presupuestario de 2019, aunque ha subrayado que no se puede «dar por definitivo ninguno de los aspectos» porque todavía se siguen negociando.
Ha defendido la puesta en marcha de una tasa a las transacciones financieras, aunque sin descartar un futuro impuesto a la banca en función de la evolución de la recaudación en 2019.
El proyecto presupuestario incorporará un tipo efectivo mínimo para grandes empresas del 15 % -el 18 % para banca y petroleras-.
Se ha mostrado partidaria de que, como ocurre en Francia, tribute en España el 5 % de los dividendos de las filiales en el extranjero de las empresas españolas, ahora exentos en aplicación de los convenios de doble imposición.
La ministra ha reiterado que se bajará el IVA a los productos de higiene íntima femenina, del 10 % al 4 %, y ha avanzado que se trabaja en el IVA veterinario, que ahora tiene el tipo general del 21 %.
También estudia que las Sociedades de Inversión de Capital Variable (sicav) vuelvan a estar bajo el control de la Agencia Tributaria, en lugar de bajo la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para evitar que sean «opacas al fisco».
Montero ha abogado por homogeneizar la tributación por sucesiones y donaciones, con el objetivo de evitar el «dumping fiscal» entre comunidades autónomas.
Ha avanzado que el ministerio trabaja en la nueva Ley de prevención y lucha contra el fraude para simplificar la compleja arquitectura fiscal en torno a entramados societarios y patrimoniales, al tiempo que la Agencia Tributaria centrará también sus esfuerzos en las áreas con mayor fraude.
«El Gobierno tiene la obligación de ir simplificándola para los que quieren ser honestos pero se les hace complicado», ha dicho, tras recordar que la publicación de la lista de morosos tendrá un efecto disuasorio.
La ministra ha confiado antes de su comparecencia en que no habrá adelanto electoral y ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez seguirá trabajando «con o sin presupuestos», aunque ha puntualizado que espera cerrar un acuerdo con Podemos pronto para poder trasladarlo a otros grupos parlamentarios.
También ha asegurado que está a punto de cerrar un «gran acuerdo» con Podemos para mejorar la financiación de las comunidades autónomas y paliar la insuficiencia de recursos, y ha recordado su propuesta de que fuera a través del IVA o de los impuestos especiales o bien con otras combinaciones.
Otra cuestión es modificar los criterios para el reparto de estos recursos, que -en su opinión- debe tenerse en cuenta no sólo la población sino también el PIB de cada región, sus niveles de pobreza, de desempleo o la insularidad.
La ministra ha pedido al PDeCAT que deje al margen las ideologías para apoyar unas cuentas que apuestan por mejorar la calidad de vida de los catalanes, sean o no independentistas, al tiempo que le ha reprochado al PP que sea la «la otra cara del señor (presidente de la Generalitat catalana, Quim) Torra» al contribuir «a elevar la crispación en este país».
