Bruselas, 15 oct (EFE).- Este lunes termina el plazo para que España, al igual que el resto de países de la eurozona, envíen sus borradores presupuestarios de 2019 a la Comisión Europea, que vigilará el ajuste estructural que debe hacer España y pondrá la lupa sobre las polémicas cuentas italianas.
El Gobierno español ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el borrador de presupuesto para después enviarlo al Ejecutivo comunitario, un trámite no imprescindible con el que quiere enviar a Bruselas un mensaje de compromiso con la estabilidad presupuestaria, según explicó el viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Será entonces cuando se conozca la senda de déficit que finalmente se incluye después de que el Gobierno no haya logrado pactar la revisión para elevar el objetivo al 1,8 % del PIB en 2019, cinco décimas por encima de lo previsto por el anterior Ejecutivo popular.
España es el único país de la UE que sigue en el procedimiento correctivo por déficit excesivo -superior al 3 % del PIB- pero, aún con los datos revisados que propone el Gobierno (2,7 % en 2018) saldría del mismo el año próximo.
La atención de la Comisión se centra, sin embargo, en el ajuste del 0,65 % del PIB que España debe hacer en 2019 en su déficit estructural - que mide el desvío sin tener en cuenta lo que ayuda el ciclo económico-.
El Gobierno español prevé beneficiarse de la flexibilidad que dan las normas comunitarias, que permiten desviarse hasta un 0,5 % del ajuste en dos años.
Así, podría reducir el ajuste en 2019 hasta solo un 0,15 % del PIB si decide aprovechar todo el margen el año próximo, pero eso supondría dejar casi todo el esfuerzo para 2020. La ministra de Economía, Nadia Calviño, apostaba en julio por un ajuste del 0,4 % en 2019.
El Ejecutivo comunitario aún no ha dado el visto bueno oficial a un ajuste menor de lo recomendado e iniciará la evaluación del borrador una vez tenga las cifras que el Gobierno ponga hoy sobre la mesa.
En todo caso, el quebradero de cabeza para Bruselas es Italia, cuyo Gobierno ha avanzado un aumento de déficit que llevó a la Comisión a advertir que a priori incumplía las normas y a los socios del euro a dar un toque al país, en particular a la vista de la mala reacción del mercado.
La Comisión evaluará ahora los borradores y, en el plazo de una semana, puede pedir cambios a los Gobiernos. Si, tras estas consultas iniciales, detecta un caso serio de incumplimiento de las normas, tiene una segunda semana para solicitar al país que remita un nuevo presupuesto.
El Estado en cuestión tiene tres semanas para hacerlo, de modo que para el 30 de noviembre a más tardar Bruselas dé su opinión definitiva.
Hasta el momento, la Comisión nunca ha tenido que devolver un presupuesto, pero con Italia, tercera economía del euro, podría verse en la tesitura de tener que hacerlo.
