El Gobierno defiende unos Presupuestos legales y realistas que llegarán en diciembre

Madrid, 17 oct (EFE).- El Gobierno ha defendido hoy unos Presupuestos para 2019 que son legales, prudentes y realistas, y que prevé presentar en el Congreso de los Diputados después del 6 de diciembre, Día de la Constitución.

Las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Economía y Empresa, Nadia Calviño, han reiterado que el borrador presupuestario enviado a Bruselas irá con la senda de déficit del 1,8 % del producto interior bruto (PIB) para 2019, que permitirá reducir el ratio de deuda pública sobre el PIB hasta el 95,5 % el próximo año, un desequilibrio que no fue frenado por el anterior Gobierno del PP.

De esta forma lo ha señalado Calviño en el Senado, al explicar que “la deuda sube como una bala de cañón y baja como una pluma”, y tras criticar que “en los últimos años se ha hecho muy poco progreso para aprovechar el buen ritmo de crecimiento para acometer ajustes estructurales de nuestro déficit y nuestra deuda pública”.

Incluso ha considerado que se implementaron algunas medidas que “han ido en sentido contrario”.

Montero, por su parte, ha recordado que el proyecto de Presupuestos que prevé presentar en el Parlamento es legal e irá acompañado de la única senda fiscal que está vigente, que es la aprobada durante el Gobierno del PP y que sitúa el déficit en el 1,3 % del PIB en 2019.

Ha advertido de que el Gobierno tiene la “potestad exclusiva” para presentar unos Presupuestos y que “no puede haber ningún elemento que impida que esa capacidad se interfiera”.

Ha defendido que el Gobierno cumple con la legislación, tanto por haber informado de un techo de gasto al Parlamento (que ha recordado que no se vota) como por haber sometido a votación unos nuevos objetivos, que finalmente fueron rechazados.

Montero ha recalcado que la Ley de Estabilidad Presupuestaria no impide presentar los Presupuestos aunque la senda de déficit sea rechazada, y ha recordado que la Abogacía del Estado señala que en caso de que los objetivos de déficit no sean aprobados entran en vigor los vigentes, es decir, los antiguos del Gobierno del PP.

“La senda se aprueba para tres años y se entiende que no para cada año se tiene que modificar. La legislación tiene también previsto que incluso se pueda rechazar”, ha puntualizado, al tiempo que Calviño urgía a los senadores a que aprobaran el cambio en la Ley de Estabilidad para poder adaptar el Presupuesto posteriormente a una senda más flexible.

Ha insistido en que el objetivo de déficit del 1,3 % no es creíble ni por las autoridades internacionales ni por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (AIReF), y ha dicho que aprobar una meta “irreal tendría un impacto adverso sobre el crecimiento económico y el mercado laboral”.

Precisamente la AIReF ha comunicado hoy que Hacienda es consciente de la dificultad de modificar esta Ley en el momento actual al requerir un amplio consenso.

La ministra de Economía ha insistido en que el PIB ha entrado en un ciclo de crecimiento moderado pero vigoroso, tras aumentar el 0,6 % en el segundo trimestre del año y crecer la inversión tres puntos más que en el trimestre anterior.

También ha argumentado que el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros en 14 pagas servirá “para aumentar la renta disponible de los hogares”, ya que “hoy en España los sueldos se han estancado a un nivel tan bajo que muchos españoles ya no pueden vivir sólo de su salario”, y ha recordado que hay evidencias de que cuando se aumenta el SMI en contextos de crecimiento económico, “no sólo no se ha destruido empleo sino que se ha creado”.

Sin embargo, hoy la Ejecutiva de la patronal CEOE ha alertado de que el alza del SMI “tendrá efectos negativos en la negociación colectiva”.

Calviño ha sido tajante al afirmar que había que aumentar los ingresos para financiar políticas que lucharan contra la desigualdad y la pobreza.

Por otra parte, los contactos para empezar a negociar los apoyos a las cuentas han comenzado ya con el PNV, a través de un contacto telefónico para concertar una agenda de reuniones para las próximas semanas.

No obstante, Hacienda tendrá que hablar con los independentistas catalanes, del PDeCAT y de ERC, aunque hoy el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha advertido de que “la negociación” es “imposible con la situación actual de presos políticos y exiliados”.

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