Gobiernos y trabajadores inician acciones para revertir los cierres de Alcoa

Madrid, 19 oct (EFE).- El Gobierno central y los de Asturias y Galicia ya han iniciado contactos para intentar revertir la decisión de Alcoa de cerrar sus fábricas en Avilés y La Coruña, mientras que los trabajadores emprenden movilizaciones y los ayuntamientos de esas ciudades han aprobado iniciativas de rechazo.

Los presidentes de Asturias, Javier Fernández, y Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se han reunido hoy en Oviedo, donde se entregan los Premios Princesa de Asturias, y han acordado «ir de la mano» para tratar de revertir el cierre, al tiempo que han reclamado al Gobierno central un marco de regulación del precio de la energía para los próximos años.

Tras media hora de reunión, Fernández ha pedido al Ejecutivo central un «marco regulatorio estable» del precio de la energía para evitar que haya consecuencias sobre otras grandes empresas con alto consumo eléctrico y ha añadido que solicitarán su ayuda «para que la empresa reconsidere su posición», mientras que Feijóo ha dicho que «sin la complicidad del Gobierno central no es posible solución».

No obstante, el Gobierno central ha vuelto a negar hoy, a través de su portavoz, Isabel Celaá, que los cierres tengan que ver con el coste de la energía y el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, que hoy ha recibido al comité de empresa de la factoría de Alcoa en La Coruña, ha culpado a la empresa de la pérdida de competitividad de esas dos plantas, que emplean a 686 trabajadores.

Losada ha dicho que «no es un problema energético, es un problema de adecuación de las instalaciones para que el buen hacer de los trabajadores sea competitivo. Ahí es donde hay que poner el foco a la empresa».

También Javier Fernández ha dicho que no puede atribuirse a las administraciones que la multinacional no haya invertido durante los últimos años para actualizar sus equipamientos, «sino a la empresa por las razones que sean».

El presidente del comité de empresa de la factoría de Alcoa en Avilés, Sergio Sobrido, que ha participado en una concentración contra el cierre de la instalación, ha aludido a la existencia de otros intereses, como la estrategia de la compañía de derivar el negocio hacia la minería de bauxita y la refinería de alúmina, abandonando la producción de aluminio primario.

Ciudadanos y el PP, cuyos líderes, Albert Rivera y Pablo Casado, que se encuentran hoy en Oviedo con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias, no comparten, sin embargo, que el alto coste eléctrico no tenga que ver con la decisión de Alcoa.

Rivera, cuyo grupo parlamentario ha pedido la comparecencia en el Congreso de la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha reclamado al Gobierno que impulse un pacto de Estado por la energía que evite que se produzcan situaciones como los anuncios de cierre de plantas de Alcoa y ha afirmado que «para una parte de la industria el coste energético no es previsible y es muy alto para ser competitivos».

Casado ha pedido al Gobierno una política energética «responsable» que tenga en cuenta «la opinión de los presidentes autonómicos».

También el consejero gallego de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, que, junto al presidente de la Xunta, se ha reunido con el comité de la factoría gallega de Alcoa, ha manifestado que cree que el Gobierno central era sabedor de las necesidades de las empresas electrointensivas y ha pedido al Ejecutivo que establezca un «marco eléctrico estable, conocido y que dé certidumbre» a estas empresas.

Mientras los trabajadores afectados han comenzado a movilizarse y hoy en Avilés se han concentrado, junto a algunos políticos, al grito de «Alcoa no se cierra», mientras que en La Coruña lo harán mañana en una protesta en la que también participarán empleados de la planta asturiana.

Además, los ayuntamientos de Avilés y La Coruña han aprobado por unanimidad sendas declaraciones institucionales de rechazo al cierre de las dos fábricas de aluminio, en las que instan a Alcoa a rectificar su decisión.

El anuncio de estos dos cierres reabre el debate sobre la necesidad de instrumentos que eviten que las multinacionales deslocalicen su producción.

En este sentido, el secretario de Política Internacional de UGT, Jesús Gallego, ha pedido que la UE legisle para evitar que grandes compañías que han recibido subvenciones públicas, como Alcoa o el fabricante de aerogeneradores danés Vestas, cierren plantas a pesar de tener beneficios.

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