Madrid, 6 nov (EFE).- El Tribunal Supremo (TS) ha suspendido hasta la tarde el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en el que se debate la reciente doctrina que atribuye a la banca el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) en la firma de una hipoteca, casi cinco horas después de retomarlo esta mañana.
Según informan fuentes jurídicas, los 28 magistrados, de los que han intervenido aproximadamente la mitad, proseguirán a las 16:30 horas un encuentro del que saldrá la postura definitiva del alto tribunal sobre el gravamen y que, a pesar de la división de criterio entre sus integrantes, podría concluir esta tarde.
Si bien inicialmente estaba previsto que el pleno -que se extiende cerca de trece horas- estuviera compuesto de 31 jueces, tres han terminado por ausentarse: Rafael Fernández Valverde, al estar de viaje; Segundo Menéndez, por encontrarse con la Junta Electoral Central; y Octavio Herrero, que pidió apartarse de la deliberación por motivos personales.
A diferencia de la última jornada, en la que dedicaron prácticamente la mitad de la sesión a dilucidar la competencia para evaluar los tres recursos de casación -de cuyas sentencias serán ponentes Nicolás Maurandi y Francisco José Navarro-, la de hoy ha proseguido directamente con los argumentos sobre éstos.
Previsiblemente y dada la disparidad de opinión de sus integrantes, la reunión, convocada por el presidente de la sala, Luis María Díez-Picazo, menos de 24 horas después de que se diera a conocer el cambio de doctrina del alto tribunal respecto al gravamen, va camino de alargarse durante todo el día.
El trasfondo del asunto es valorar y ratificar si efectivamente han de ser las entidades las que paguen el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas, y de ser así, desde cuándo.
Y es que en un primer escenario, dado que prescribe, a efectos fiscales, a los cuatro años, podrían reclamar todos aquellos que hayan suscrito un préstamo hipotecario en ese plazo.
Al respecto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho hoy que las comunidades autónomas (CCAA) calculan en 5.000 millones de euros el potencial impacto de esta retroactividad parcial.
Con todo, la agencia de medición de riesgos Moody's cree que lo más probable es que la banca acabe pagando sólo a partir de ahora el impuesto por la firma de hipotecas.
Tras conocer la primera de las tres sentencias que dieron la razón al cliente, los bancos perdieron, en una sola jornada, más de 5.500 millones de capitalización en Bolsa.
Aunque en la sesión de ayer casi la totalidad del sector, a excepción de Santander, registró subidas confiados en un fallo menos agresivo de lo esperado, la tensión se acentuaba este mediodía, cuando el IBEX 35 ampliaba su caída al 1 %, lastrado por los retrocesos de las entidades.
Las asociaciones de consumidores, por su parte, confían en que el Supremo mantenga la decisión de que sea el banco el que haga frente a los actos jurídicos documentados, que si bien depende de la cuantía de la hipoteca y de la comunidad autónoma, va entre el 0,5 % y el 1,5 % de la compraventa.
