La Fiscalía rebaja de 4 a 3 años la petición de cárcel para Serra y Todó

Barcelona, 23 nov (EFE).- La Fiscalía ha rebajado de 4 a 3 años la petición de cárcel para el expresidente de CatalunyaCaixa, Narcís Serra, y el exdirector general, Adolf Todó, en sus conclusiones definitivas durante el juicio por los sobresueldos abonados en 2010 a la antigua cúpula de la entidad bancaria.

El juicio, que empezó el pasado 4 de octubre en la Audiencia de Barcelona, ha llegado hoy a la sesión en la que la Fiscalía y las diferentes acusaciones han elevado sus conclusiones a definitivas.

El Ministerio Público ha modificado a la baja sus peticiones iniciales para los dos principales acusados, Serra y Todó, a los que atribuye dos delitos de administración desleal en concurso de normas con el delito de apropiación indebida, y a los que ve como «autores dolosos, materiales y directos» de los sobresueldos que aprobó la entidad bancaria pese a la crítica situación que atravesaba.

«Los administradores de CatalunyaCaixa no fueron ni ordenados empresarios ni representantes leales», ha afirmado hoy el fiscal, que ha asegurado que la política salarial respecto a los directivos provocó «una grave lesión a los intereses de la entidad».

Serra y Todó tenían, ha asegurado la Fiscalía, «el dominio completo» de la antigua caja y éstos «se pusieron de acuerdo para subirse el sueldo contra viento y marea» en un momento de «crisis extraordinaria» y «práctica insolvencia» de la entidad.

Además de los tres años de prisión, el fiscal Fernando Maldonado solicita para los dos exdirectivos el pago de una multa de 67.500 euros.

La Fiscalía centra su atención en dos acuerdos tomados por el consejo de administración de esa entidad financiera: uno adoptado el 19 de enero de 2010, meses antes de que el FROB inyectara 1.250 millones en la caja, y otro el 13 de octubre de 2010.

En ambas reuniones se autorizaron subidas del sueldo fijo y el del variable a los exdirectivos Adolf Todó y Jaume Massana, fichados en 2008, que causaron un perjuicio de unos 439.000 euros, en el caso del primero, y de 344.000 euros, en el del segundo.

El expresidente de esta caja Narcís Serra acordó en 2008 la contratación de Todó como director general y de Masana como consejero delegado con unas condiciones económicas inapropiadas, según la fiscalía, para el momento que atravesaba la entidad.

Adolf Todó, por ejemplo, obtuvo unos ingresos totales de 4,07 millones entre 2008 y 2012, a los que hay que sumar 1,99 millones de las aportaciones realizadas al plan de pensiones.

Por su parte, Massana, nombrado director general de la entidad en 2011 y anteriormente director general adjunto, percibió en ese mismo período 2,89 millones de euros y una aportación al plan de pensiones por 633.000 euros, aunque no está acusado porque no formaba parte del consejo de administración de la entidad.

El exministro Narcís Serra presidía las comisiones y el consejo de administración y recibía dietas, y a partir de 2007 se estableció para él un salario como presidente no ejecutivo. Entre 2007 y 2010, la Fiscalía asegura que percibió más de un millón de euros.

El Ministerio Público ha insistido hoy en que todos los informes del Banco de España y de auditores externos alertaban de la situación adversa que atravesaba CatalunyaCaixa, con una morosidad muy alta, pérdida de fondos propios y deterioro de activos.

Esta situación llevó a la antigua caja a pedir al FROB 1.250 millones para reforzar su capital en 2010, y 1.700 y 9.000 millones después, y provocó un ERE -Expediente de Regulación de Empleo- que afectó a 1.630 trabajadores.

Además de Serra y Todó, han sido juzgados 39 miembros del consejo de administración, a los que el fiscal considera cooperantes necesarios de los delitos y para los que pide penas de un máximo de 2 años y 3 meses.

En su intervención, la Fiscalía ha sido especialmente crítica con los miembros del consejo por acudir a las reuniones y votar sin informarse de los acuerdos ni leer los balances económicos.

«La aceptación del cargo es voluntario. A nadie le obligan a asistir», ha dicho, tras recordar que se cobraron dietas de 1.721 euros por acudir y que algún consejero llegó a recibir cerca de 80.000 euros en unos pocos meses.

El Ministerio Público solicita además que los acusados indemnicen al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con 783.000 euros, que deberán abonar de manera conjunta y solidaria.

El fiscal ha pedido al tribunal que tenga en cuenta que el directivo Jaume Massana faltó a la verdad durante el juicio para beneficiar a uno de los acusados al asegurar que ni él ni Todó participaron en una de las reuniones del consejo de administración en las que se acordó una de las subidas salariales.

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