Bankia dice desconocer de qué se le acusa y pide “depurar” a las acusaciones

Madrid, 27 nov (EFE).- Los abogados de Bankia y de su matriz, BFA, han reprochado hoy en el juicio por la salida a Bolsa de la entidad que siguen sin saber qué delitos les atribuyen las acusaciones particulares, que según ambos no han acreditado debidamente el perjuicio sufrido, y a las que han pedido “depurar”.

“Nos sentamos aquí sin saber quiénes tenemos enfrente”, ha dicho el letrado del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Alberto Gómez Fraga.

Gómez Fraga ha solicitado a la Audiencia Nacional que analice si estos afectados pertenecen al centenar de minoristas que aún no han sido resarcidos, o si ya han recibido el importe de su inversión, en cuyo caso, habrían de ser expulsadas del juicio y, con ellos, las acusaciones populares por aplicación de la “doctrina Botín”.

En esta segunda sesión, el abogado de Bankia, Joaquín Burkhalter, ha abogado por mantener únicamente a los pequeños inversores que no han recuperado su inversión a través del mecanismo extrajudicial habilitado por la entidad en 2016.

Ha destacado ante la sección cuarta de la sala de lo Penal que en su momento se personaron 11.000 afectados, a los que en febrero de ese año se les ofreció la posibilidad “rápida y gratuita” de devolverles su dinero con un interés del 1 %, lo que le supuso un desembolso de unos 1.840 millones de euros.

Fue, ése, el mecanismo elegido por una gran mayoría de afectados, que al tiempo renunciaban al ejercicio de acciones legales; tras ello, muchos pequeños personados desistieron, aunque otros “no cumplieron con esta obligación y permanecieron en estas actuaciones”, aunque ya no tenían “derecho ni legitimación”.

Asimismo, ha explicado Burkhalter, hay que sumar personas que han fallecido y siguen aún representadas en la causa.

La cifra de cuentas de accionistas que reúnen las condiciones necesarias para ser consideradas perjudicados se eleva a 176, ha desvelado, que concentran 205 personas físicas y cuatro jurídicas.

Y es que, ha insistido, el “perímetro” de la causa es la salida a bolsa, por lo que no se puede tampoco incluir a aquellos que compraron acciones en el mercado secundario una vez cerrada ésta, o a los que canjearon preferentes por títulos de Bankia.

El resto de defensores, además de solicitar que se dispense a sus clientes de acudir a todas las sesiones por razones laborales e incluso, académicas, como el exconsejero Estanislao Rodríguez-Ponga, actualmente en prisión por las tarjetas “black”, han enfatizado la temeridad de las acusaciones.

Varios han pedido para ellas la condena en costas y han subrayado que, en la querella de UPyD que dio origen al proceso en 2012, no se dudaba de las cuentas de las siete Cajas que dieron origen a Bankia.

El letrado de Rodríguez-Ponga, de Jesús Pedroche y de Mercedes Rojo, ha señalado que aunque sí fueron cuestionadas por los peritos, el juez instructor Fernando Andreu no amplió la causa, y que, en cualquier caso, el delito habría prescrito al haber pasado ya cinco años.

Además, ha afeado que se haya incumplido el principio de igualdad ante la ley y se haya llevado a juicio a Pedroche y Rodríguez-Ponga, que se incorporaron a BFA el mismo día que Virgilio Zapatero, excluido del procedimiento.

El abogado de Sergio Durá, el interventor de la entidad, ha insistido en que éste entró en Bankia una semana después de la salida a Bolsa, y ha cargado contra las acusaciones por su “inconcreción”.

De la decena de ellas, sólo la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) -que pide doce años de prisión para los 31 y multas millonarias para Bankia, su matriz BFA, y la auditora Deloitte- manifiesta “algo” sobre él, ha indicado al tribunal que preside la jueza Ángela Murillo.

A ésta ha solicitado iniciar la ronda de declaraciones en enero, a fin de poder analizar la nueva documentación aportada por las partes.

Por su parte, el letrado de Ildefonso Sánchez Barcoj, el ex director general financiero de Bankia, ha pedido a la sala que exonere a su cliente, ya que no tenía “competencia sobre la contabilidad y los estados financieros” de las que se encargaba la presidencia, según se le comunicó a su entrada en la entidad, por lo que “no se le puede atribuir ninguna responsabilidad” sobre las cuentas de 2011.

“Se encuentra en el banquillo sin nadie que le acuse correctamente”, ha lamentado, antes de añadir que también suscribió acciones en la salida a Bolsa por las que “nunca” recibió dinero y que “tienen el valor que tienen, nada”.

Mientras que Deloitte ha recordado que el juez instructor ya le apartó de la investigación, y que posteriormente y merced a un recurso de la ´Confederación Intersindical de Crédito (CIC) fue devuelta a la causa, pese a que no “ha sido informada de qué se le acusa”.

La sesión se retomará mañana, jornada en la que responderán a las defensas tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones.

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