El sector del taxi anuncia demandas y querellas judiciales contra los VTC

Barcelona, 15 ene (EFE).- El sector del taxi ha anunciado que presentará una demanda civil y una querella criminal para frenar a Uber y Cabify, así como una demanda por daños patrimoniales contra la administración central por no frenar a los VTC que podría derivar en indemnizaciones millonarias para los taxistas.

El coordinador de Élite Taxi, Alberto Álvarez, ha adelantado hoy esta batería de medidas ante la justicia española durante una conferencia de prensa para explicar la estrategia del sector ante la expansión de operadores como Uber y Cabify, que actúan con las licencias de los vehículos de transporte con conductor, los VTC.

La primera de las actuaciones que emprenderán los taxistas es la interposición de una demanda civil contra Uber y Cabify por competencia desleal, a la que seguirá una querella criminal contra «los responsables de la trama» que pretende, según Álvarez, acabar con el sector del taxi.

La querella criminal se presentaría por los posibles delitos de manipulación para alterar el precio de las cosas, estafa masiva, fraude de ley y blanqueo de capitales.

«Hay pruebas de que se está montando una trama y que hay personas que están impulsando que se liquide un sector protegido por directivas europeas. Nos quieren quitar del medio, pero no nos dejaremos», ha dicho Álvarez.

Para un poco más adelante, el sector llama a los taxistas a unirse para presentar demandas por daños patrimoniales contra la administración central, a la que acusan de «mirar para otro lado» durante años, permitiendo la actual situación, pese a existir una directiva de la Comisión Europea de 2006 que «preserva» el sector.

Según el abogado que ultima la demanda, Elpidio José Silva, «desde hace 9 años el Estado español sólo ha hecho que incumplir frontalmente las directivas comunitarias que dicen que si quieres hacer de taxi debes tener una licencia de taxi y que preservan el sector de la liberalización».

Si estas demandas fueran aceptadas por los tribunales, Álvarez y Elpidio José Silva han asegurado que la administración española se enfrentaría al pago de indemnizaciones millonarias, que podrían llegar a un cómputo total de más de 25.000 millones de euros.

Según ellos, esta cantidad saldría de multiplicar las 70.000 licencias de taxi que existen en España por unos 400.000 euros de indemnización por cabeza para compensarlos por el dinero que han dejado de ganar durante los últimos años en que han tenido que competir con los VTC.

En principio, las demandas y querellas deberán presentarse de manera individual por los taxistas ante la justicia española aunque la Plataforma Integral del Taxi (PIT) está coordinando las iniciativas y el asesoramiento legal necesario, que corre a cargo del exmagistrado Elpidio José Silva.

En estos momentos, forman parte de la Plataforma unos 1.500 taxistas de Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga y Valencia, entre otras ciudades, aunque se espera que este número crezca en las próximas semanas y meses.

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