Los trabajadores de Alcoa ganan seis meses más a la espera de un comprador

Madrid, 16 ene (EFE).- La multinacional estadounidense del aluminio Alcoa y los sindicatos han alcanzado, tras muchas horas de negociación, un preacuerdo que mantendrá los empleos hasta el próximo 30 de junio mientras se busca un comprador interesado en las plantas que tiene en La Coruña y Avilés (Asturias).

En una reunión que comenzó el martes y ha concluido a primeras horas de este miércoles, el fabricante de aluminio ha ofrecido, a la espera de ofertas de compra, una solución para cerca de 355 empleados, más de la mitad de los 623 trabajadores indefinidos de ambas plantas, mediante prejubilaciones o recolocaciones. Inicialmente, la compañía había presentado un expediente de regulación de empleo( ERE) para toda la plantilla -686 trabajadores- de ambas factorías.

El Gobierno, que ha avanzado que hay contactos con posibles inversores, se ha comprometido a trabajar para minimizar el impacto sobre los trabajadores a los que Alcoa no garantiza el empleo, aunque reconoce que la garantía de salvar el 100 % de los puestos de trabajo no está incluida en el preacuerdo y su resultado no depende de él.

Aunque ven positivo el preacuerdo, los sindicatos han exigido un mayor compromiso al Gobierno, del que esperaban un mensaje «más contundente», para garantizar la totalidad de los empleos a partir del 1 de julio y la búsqueda de un inversor.

Una vez concluido ayer el periodo de consultas del ERE presentado por Alcoa, plazo que se llegó incluso a duplicar hasta 75 días, el preacuerdo alcanzado ahora deberá someterse mañana, jueves, a referéndum en asambleas de trabajadores de ambas fábricas.

Si hubiera un acuerdo con un comprador, Alcoa asumiría el coste de arrancar las cubas hasta un límite de 40 millones de euros (20 millones por cada planta), pero la venta estaría condicionada a que el inversor interesado asuma la totalidad de los puestos de trabajo de ambas instalaciones.

En base al preacuerdo presentado hoy, Alcoa se ha comprometido a adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo una parada programada de las cubas de electrólisis a fin de que puedan volver a ser arrancadas por un potencial comprador, un proceso para el que requiere la colaboración de los trabajadores y que se llevará a cabo en aproximadamente 30 días.

Tras esta parada de las cubas, los trabajadores afectados participarán hasta el 30 de junio en un plan de formación y continuarán de alta en la Seguridad Social y percibiendo su retribución.

Uno de los puntos del preacuerdo garantiza el mantenimiento de la actividad y el empleo en las fundiciones de ambas plantas y en la torre de pasta de La Coruña, lo que permitirá la continuidad de 205 empleados.

Alcoa espera que cerca de 106 empleados puedan ser recolocados gracias a un plan de bajas incentivadas en las plantas de Alúmina y Aluminio de San Ciprián (Lugo), condicionado a que los representantes de los trabajadores de estos centros lo acepten.

Los empleados de más antigüedad y no prejubilables tendrán preferencia en las recolocaciones, que afectan a trabajadores de entre 57 y 65 años y percibirán entre un 74 % y 78 % del salario bruto. Como compensación por traslado de residencia, Alcoa ofrece 10.000 euros por empleado.

También se aplicarán prejubilaciones obligatorias para los empleados de 53 o más años a 31 de diciembre de 2018, medida que podría afectar a cerca de 44 empleados.

El personal menor de 53 años y no incluido en las medidas anteriores percibirá una compensación por despido de 60 días de salario por año trabajado sin límite de anualidades, más una aportación de 10.000 euros brutos.

También se recoge en el preacuerdo un plan de recolocación externo a cargo de una consultora.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que recientemente pidió a Alcoa un plazo de seis meses para seguir negociando, ha calificado de «bueno» el preacuerdo y ha reconocido que se ha trabajado de forma «muy intensa» para minimizar posibles riesgos.

El consejero gallego de Economía e Industria, Francisco Conde, ha pedido al Gobierno central «respuestas concretas» para garantizar la continuidad de las plantas, así como un marco eléctrico competitivo, mientras que el de Empleo del Principado de Asturias, Isaac Pola, ha mostrado su satisfacción, aunque ha subrayado que el «objetivo final», tanto del Gobierno central como de la Xunta y el Principado, es lograr el mantenimiento de ambas plantas mediante la búsqueda de un inversor.

Para justificar el cierre de las plantas de La Coruña y Avilés la multinacional estadounidense alegó problemas estructurales, pérdidas «significativas», elevados costes fijos y una tecnología poco eficiente.

Alcoa, que además de estas plantas cuenta con la de San Ciprián, emplea a cerca de 2.100 personas en España.

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