Madrid, 20 ene (EFE).- El Gobierno retará al Congreso a apoyar ocho reales decretos leyes que suponen parte del giro económico que quiere dar a su legislatura, con medidas como la subida del salario mínimo (SMI) a 900 euros, el incremento de los sueldos de los funcionarios y de las pensiones o cambios en el alquiler.
Al hemiciclo subirán, a partir del martes, cuatro ministras (Nadia Calviño, María Jesús Montero, Reyes Maroto y Magdalena Valerio) y dos ministros (José Luis Ábalos y José Guirao), para defender ocho reales decretos leyes relativos a vivienda y alquiler, medidas macroprudenciales, tributos y catastro, transporte ferroviario y viajes, salarios en el sector público, minería, cine y pensiones y medidas laborales.
El Ejecutivo presenta para convalidación unas normas muy ajustadas en su plazo de debate parlamentario y confía en que sean apoyadas pese a que algunas de ellas puedan tramitarse como un proyecto de ley para ser modificadas a través de enmiendas.
Sin embargo, el real decreto ley sobre medidas urgentes en materia de vivienda que defenderá el ministro de Fomento se presenta sin garantía de que pueda salir adelante, ya que el PP y Unidos Podemos y ERC han avisado de que votarán en contra de su convalidación y el PDeCAT pedirá, previsiblemente, que se tramite como proyecto de ley.
La diputada de En Comú Podem Lucía Martín subirá a la tribuna para criticar el incumplimiento del Gobierno del pacto presupuestario firmado con Podemos y que exige una regulación de los límites de los precios de los alquileres, un plazo de preaviso de 6 meses en el contrato o la definición de vivienda vacía.
«Este real decreto ignora el 90 % de lo pactado», señala Martín en declaraciones a EFE al tiempo que Ábalos reiteró la semana pasada que durante la tramitación del proyecto de Presupuestos de 2019 «está abierta» la negociación para incluir nuevas medidas.
El real decreto amplía el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda de 3 a 5 años (o 7 años si el arrendador es persona jurídica) y fija en dos mensualidades de renta la cuantía máxima de las garantías adicionales a la fianza que pueden exigirse al arrendatario, entre otros puntos.
Junto a las reclamaciones de Unidos Podemos están las de ERC que incide en que el decreto «no es valiente» porque no afronta la urgencia social en temas habitacionales.
Joan Margall diputado de ERC ha indicado a EFE que «este no será un punto de inflexión, un aviso de que esta formación no acepta que el Gobierno pida un voto con un real decreto ley ya aprobado» al tiempo que Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT se quejará de la falta de incentivos fiscales al alquiler.
En otro sentido, el PP pedirá la derogación de la norma porque es «una llamada al incremento de los precios», ya que no incentiva la oferta, sino que la desalienta.
«Además ataca el conflicto de la propiedad privada», afirma a EFE el diputado popular del ramo Guillermo Mariscal.
Unidos Podemos lamenta que el Ejecutivo quiera «trocear» medidas sobre el alquiler con enmiendas a los Presupuestos o con una tramitación como proyecto de ley que puede alargarse en el tiempo en su plazo de presentación de enmiendas.
Lo cierto es que en el Congreso se encuentra paralizada la ley de emergencia habitacional con la ampliación de presentación de enmiendas hasta el 5 de febrero.
El otro real decreto que podría plantear inconvenientes con Unidos Podemos es el de la subida del 1,6 % de las pensiones generales y del 3 % las mínimas y no contributivas.
La diputada de En Marea Yolanda Díaz ha avisado de que no convalidaría una norma que también incluye cambios en la cuantía mínima de la pensión por incapacidad permanente total.
Y es que el real decreto establece que la cuantía mínima se fije anualmente en la Ley de Presupuestos, cuando hasta entonces se establecía que no podía ser inferior al 55 % de la base mínima de cotización para los mayores de 18 años.
Esto supone una rebaja de esta prestación, ya que con la subida del salario mínimo (que afecta también a las bases mínimas de cotización) se habría elevado a 577,5 euros al mes en 2019, en tanto que el Gobierno la ha fijado en 417 euros (421,4 euros si se tiene cónyuge a cargo).
Esta convalidación, sin embargo, se podría salvar con una probable abstención del PP, y con el voto a favor del PDeCAT siempre que se convalide como proyecto de ley.
Los populares analizan a su vez qué votar ante el decreto que subirá el salario a los funcionarios el 2,25 % en 2019 ya que también incrementa el SMI a 900 euros.
Donde no parece que vaya a haber problemas es en los reales decretos relativos a la creación de una autoridad macroprudencial para prevenir futuras crisis económicas, el vinculado a la actualización del catastro, el de transposiciones de directivas europeas en materia de marcas y ferrocarriles, el de desarrollo sostenible de las comarcas mineras o en el de medidas urgentes para impulsar la creación artística y el cine.
Éste último permitirá que los artistas puedan seguir cotizando a la Seguridad Social durante sus periodos de inactividad, y hará compatible la pensión de los autores jubilados con los derechos de autor.
