Madrid, 22 ene (EFE).- El Congreso de los Diputados ha derogado el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, que amplía el plazo de prórroga de los contratos de alquiler a cinco años, con el rechazo del PP, Podemos, Ciudadanos y ERC, entre otros, por lo que el Gobierno ya analiza alternativas para presentar más medidas sobre alquileres.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha defendido el real decreto ley de vivienda ante la «urgencia» de aprobar un «primer paquete de medidas» de carácter social que empiece a revertir la reforma en el mercado inmobiliario que hizo el gobierno del PP en 2013 y que -en su opinión- fomentó la subida de los precios de los alquileres.
Sin embargo el Pleno del Congreso ha derogado esta norma que ha recibido 103 votos a favor, 243 en contra y una abstención, después de que Unidos Podemos anunciara que votaría en contra porque el decreto no incluye las medidas que pactó la formación morada con el Ejecutivo de cara a apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2019.
Esta derogación supone el cuarto real decreto ley que decae en 40 años, el último fue el de la reforma del sector de la estiba, el 16 de marzo de 2017.
Podemos ya pidió al Ministerio de Fomento que retirara un real decreto que no contemplaba una regulación de los precios de los alquileres en zonas «tensionadas» dentro de las ciudades y que tampoco incluía medidas relativas al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en viviendas vacías o un preaviso en los contratos de arrendamientos de seis meses.
Las negociaciones entre Podemos y Gobierno se han intensificado en las últimas horas y, aunque el Ejecutivo está de acuerdo en la mayoría de las medidas moradas propuestas y firmadas, no se ha alcanzado finalmente un pacto de cara a la convalidación y el escollo está en el «formato» legislativo en el que deben ir.
Fomento había ofrecido a Podemos convalidar este decreto a cambio de presentar un texto nuevo que tuviera medidas complementarias al alquiler o tramitar el decreto como un proyecto de ley, para ser enmendado, o incluso introducir enmiendas en este ámbito a través de los Presupuestos de 2019.
Podemos ha insistido en que el Ejecutivo debe traer un nuevo real decreto «con todo» y no han aceptado convalidar el actual, al tiempo que PP y Ciudadanos tampoco lo han validado porque -afirman- que no estimulan la oferta de alquileres y da inseguridad jurídica a todas las partes.
Tampoco ERC ha votado a favor ya que no incluye un índice que limite los precios abusivos de los alquileres en las grandes ciudades y no frena a las compras de los fondos de inversión inmobiliarios.
PDeCAT ha decidido convalidar este decreto si se tramitaba como proyecto de ley para introducir medidas que incentivaran fiscalmente el alquiler o que tuviera un indice de referencia de precios.
PNV ha votado a favor, al igual que Compromís, CC y Nueva Canarias, pero también bajo las críticas de que el decreto era insuficiente, vago y necesitaba mejoras.
Ábalos ha señalado que la norma presentada este martes era «un primer paso» y que no cabría duda de que tendría que ir acompañada de medidas adicionales, «en las que trabaja el Gobierno».
Ha recordado que el decreto contiene un plan específico de 20.000 viviendas para alquiler social y la movilización de recursos junto con el sector privado, así como una prolongación de la prórroga de los contratos de alquiler.
También fija en dos mensualidades de renta la cuantía máxima de las garantías adicionales a la fianza que pueden exigirse al arrendatario.
La diputada de En Comú Podem y responsable de vivienda Lucía Martín ha incidido durante su debate en que el voto en contra de Unidos Podemos «no busca humillarles, ni hacerles daño, ni deshacer el espíritu de la moción de censura, sino que es un acto para exigir medidas valientes que protejan a la mayoría de la ciudadanía».
