La CE abre procedimiento de infracción a España por la seguridad ferroviaria

Bruselas, 24 ene (EFE).- La Comisión Europea (CE) abrió hoy un procedimiento de infracción contra España al considerar que las autoridades han incurrido en «deficiencias» tanto en la investigación de accidentes e incidentes ferroviarios como en las «técnicas de supervisión» de los organismos competentes.

España dispone ahora de dos meses de plazo para disipar las dudas del Ejecutivo comunitario.

En su carta de emplazamiento, primer paso en el procedimiento sancionador, la CE consideró que «los procesos de seguridad en España no cumplen con los requisitos de la legislación de seguridad ferroviaria de la Unión Europea (UE)» dispuesta en la Directiva de seguridad ferroviaria 2004/49 que cubre «los requisitos de seguridad del sistema ferroviario en su conjunto»

«La Comisión considera que se han identificado deficiencias en la forma en que el organismo nacional de investigación analiza e investiga los accidentes e incidentes, así como en las técnicas de supervisión de la autoridad nacional de seguridad», indicó la CE.

La Comisión Europea no se refiere a ningún accidente en particular como la catástrofe del Alvia en Galicia en julio de 2013, en la que murieron 80 personas y más de 140 resultaron heridas, ni cita tampoco a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), creada por el Gobierno en 2017 para investigar los accidentes ferroviarios en el territorio nacional.

«Nuestro análisis evalúa la situación ahora, no en el momento del accidente», señaló el portavoz de Transporte de la CE, Enrico Brivio.

El portavoz comunitario subrayó que la apertura del procedimiento «no está relacionada con la investigación» de ese accidente en Galicia sino con el sistema general de investigación actual en España.

«Nuestro objetivo no es seguir adelante con el procedimiento de infracción sino que los Estados miembros cumplan y estamos dispuestos a ayudarles», agregó.

Más allá del accidente del Alvia, España ha registrado recientemente accidentes ferroviarios en septiembre de 2016 en O Porriño (Galicia), en el que fallecieron cuatro personas y otras 49 resultaron heridas, y en agosto de 2018 en Vacarisses (Barcelona), cuando un tren descarriló dejando un muerto y 44 heridos.

Si España no responde al Ejecutivo comunitario, Bruselas enviará a Madrid una «opinión razonada», segundo paso en el procedimiento sancionador.

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