Madrid, 28 ene (EFE).- El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este lunes de que la previsión de ingresos del Gobierno para este año está sujeta a «riesgos significativos» y ha apuntado que el déficit público alcanzará el 2 % del PIB, lejos del objetivo del Gobierno de cerrar en el 1,3 %.
Hernández de Cos ha abierto las comparecencias en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados con motivo de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos para 2019.
En su intervención, el gobernador también ha señalado que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) -un 22,3 % hasta los 900 euros- ralentizará la creación de empleo y ha instado a poner en marcha medidas para compensar la subida de las pensiones conforme a la inflación.
Aunque cree que las previsiones de crecimiento recogidas en el cuadro macroeconómico son «coherentes» con las del propio Banco de España, advierte de que están sujetas a importantes riesgos que llevarán a la institución a revisar sus propias estimaciones a la baja, entre las que ha citado la desaceleración económica global o la dificultad de cumplir el objetivo de déficit.
Hernández de Cos ha subrayado que las estimaciones de ingresos del Gobierno están sujetas a «riesgos a la baja significativos» y calcula que el repunte de recaudación -descontado el cambio en la liquidación del IVA- se situará en el 5,6 % en lugar del 6,9 % que recoge el Ejecutivo.
Esto es así porque la relación entre el crecimiento económico y el aumento de la recaudación recogido en las cuentas es mayor a la media histórica porque la estimación de ingresos para los nuevos impuestos -como el de servicios digitales o las transacciones financieras- está sujeta a incertidumbre y, especialmente, por el potencial efecto del cambio en el sistema de liquidación de IVA.
El Gobierno prevé modificar el sistema de liquidación de IVA para deshacer un cambio de 2017 que retrasaba el pago de diciembre a enero, lo que redujo los ingresos en ese ejercicio. Ahora, al restablecer la situación anterior, 2019 contaría con una recaudación por este impuesto equivalente a trece meses en lugar de doce.
El Ejecutivo prevé utilizar estos fondos para compensar un ajuste del déficit mayor al que pretendía -en el caso de la Administración central un 0,3 % en lugar del 0,4 % del PIB- y el retraso en la aplicación de los nuevos impuestos.
Sin embargo, el gobernador ha recordado que estas medidas «no afectarían» al cálculo del déficit porque este se determina por el principio de devengo, por el que los ingresos y gastos se contabilizan cuando se genera la obligación y no cuando se efectúa el pago. Por ello, ha recordado, que el cambio de 2017 no afectó al déficit de ese año y, en consecuencia, tampoco lo hará en 2019.
Este riesgo a la baja sobre la estimación de recaudación, unido a la desaceleración y otros factores, han llevado al Banco de España a situar su previsión de déficit para este año en el 2 % del PIB, lejos del 1,3 % que prevé el Gobierno, una cifra que podría elevarse aún más si se materializan otros riesgos.
Aunque el Banco de España ha considerado que la economía seguirá en un ciclo alcista en 2019, en el que el PIB aumentará el 2,2 %, Hernández de Cos ha avisado de que el proceso de fortalecimiento de creación de empleo será menor, entre otros factores por la subida del 22,3 % del SMI.
Pese a todo, el número de ocupados crecerá en torno al 1,6 % y permitirá que la tasa de paro se sitúe en el entorno del 14 % a finales de este año.
El gobernador también ha incidido en el elevado endeudamiento de la economía española, que se reducirá -ha dicho- «muy gradualmente» y llevará décadas bajarlo al 60 % del PIB.
Ha abogado por un plan a medio plazo para reducir la deuda, sobre todo aprovechando el actual ciclo económico favorable, en un momento en el que hay un incremento continuo de la tasa de dependencia y, por tanto, del gasto público y social en materia de pensiones.
Hernández de Cos ha señalado que las medidas que contemplaban las reformas de pensiones de 2011 y 2013 se han «relajado» en los Presupuestos de 2018 y 2019 al volver a indexar la revalorización de las pensiones al IPC y retrasar a 2023 el factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida.
Según el gobernador, la vinculación de la pensión a la inflación supondrá un incremento adicional del gasto superior a 3 puntos porcentuales del PIB en 2050, con lo que serán necesarias medidas adicionales vía ingresos o gastos para sostener el sistema.
