Madrid, 15 feb (EFE).- El adelanto electoral y en consecuencia la disolución de las Cortes Generales el 5 de marzo hará caer una de las reformas económicas más importantes que quería acometer el Gobierno en el Parlamento: revertir la reforma laboral aprobada por el PP.
Otra propuesta parlamentaria que había gozado del consenso de la mayoría de la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy del Gobierno es la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que también decae junto con otras medidas como la reforma del régimen de autónomos o una nueva Ley sancionadora contra la Morosidad.
En sentido contrario, la nueva Ley Hipotecaria podrá ver la luz previsiblemente la próxima semana, cuando el Pleno del Congreso debata las enmiendas que introdujo el Senado, al igual que podría ocurrir con las recomendaciones del Pacto de Toledo y las conclusiones de la comisión de investigación sobre la crisis financiera, ya que podrían ser aprobadas por el Pleno hasta el 5 marzo.
Más difícil lo tienen las conclusiones de las comisiones de investigación del accidente del Alvia en Santiago de Compostela, o el del vuelo JK 5022 de Spanair que causó 154 fallecidos.
Estas son algunas de la propuestas de Ley, iniciativas y conclusiones parlamentarias del ámbito económico que no llegarán a ser aprobadas por las Cortes Generales y otras que sí han salido adelante y permanecen, por tanto, en vigor:
NO PODRÁN SER APROBADAS:
— La proposición de Ley del PSOE que aborda la reforma del Estatuto de los Trabajadores para que cuando se subcontrate una actividad propia de una compañía se respete el convenio de la empresa principal y cuando sea actividad no propia, se tome de referencia el convenio sectorial.
Contemplaba restablezcer la ultraactividad de los convenios para que tengan vigencia ilimitada y crear un registro diario de la jornada laboral para frenar el abuso de las horas extra no pagadas al elevar esta infracción a la calificación de grave.
— La reforma del Régimen Especial de Autónomos (RETA) para crear un sistema de cotización ajustado a los ingresos reales de los autónomos.
— La proposición de Ley que pide modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para levantar el veto que impone el Senado a la senda de déficit con el fin de que pudiera volver a ser votada en el Congreso en caso de ser rechazado en la Cámara Alta.
— La nueva Ley contra la Morosidad que contemplaba sanciones y multas más duras contra empresas y administraciones que incumplieran los plazos previstos de pago y que podrían llegar hasta los 900.000 euros. Esta iniciativa de Ciudadanos y del PDeCAT estaba en fase de ponencia muy avanzada.
— La proposición de Ley que insta a modificar los criterios de aplicación de la actual regla de gasto para que ayuntamientos y CCAA puedan invertir el superávit que registran.
— El proyecto de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como tasa Google, cuyo objetivo es gravar operaciones de la economía digital y que establecía un tipo del 3 % a los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.
Afectaba a empresas con ingresos anuales mundiales de al menos 750 millones de euros e ingresos en España superiores a 3 millones.
— Proyecto de ley del impuesto sobre transacciones financieras que incluía un gravamen del 0,2 % sobre las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.
— La propuesta de ley del PSOE sobre igualdad laboral entre hombres y mujeres y que instaba a que fuera obligatoria en 2023 una cuota femenina en los consejos de administración de las empresas cotizadas.
Esta iniciativa se aprobó que fuera tramitada por el procedimiento de urgencia para reformar la Ley de Igualdad de 2007 y avanzar en materia de infracciones y sanciones, que podrían llegar hasta los 50.000 euros de multa.
— La proposición de Ley que pide modificar la ley de emprendedores y su apoyo a la internacionalización.
— La proposición de Ley de protección al desempleo para garantizar la prestación de paro para las empleadas del hogar.
— La propuesta de Ley presentada por la Asamblea Regional de Murcia sobre generación de energía eléctrica renovable que pedía fomentar el autoconsumo y la eliminación del denominado «impuesto al sol».
MANTIENEN SU VIGENCIA:
— La nueva ley que regula la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) que entró en vigor el 30 de septiembre y faculta a las comunidades autónomas y los ayuntamientos a regular esta actividad con un régimen transitorio de cuatro años para que adapten la legislación.
— El real decreto ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección a los consumidores, que contiene las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar los efectos del encarecimiento del recibo de la luz y que establece la suspensión durante seis meses del impuesto a la generación eléctrica (7 %) y del impuesto especial de hidrocarburos que grava al gas destinado producir electricidad.
También contempla los cambios en el bono social eléctrico y la creación del bono social térmico así como medidas para eliminar los cargos al autoconsumo.
— La subida de las pensiones generales en un 1,6 % y de las no contributivas y mínimas en un 3 % para este año, la subida del SMI a 900 euros, el alza salarial del 2,25 % a los funcionarios más un 0,25 % adicional.
— El proyecto de Ley que modifica el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para que sea la banca la que pague este gravamen en un crédito hipotecario.
— La actualización del catastro que hará que suba el impuesto de bienes inmuebles (IBI) en cerca de 728 municipios y baje en unas 449 localidades.
— La creación de una autoridad macroprudencial para prevenir futuras crisis económicas así como los reales decretos leyes en materia de marcas y ferrocarriles y para el desarrollo sostenible de las comarcas mineras.
