Los pisos turísticos en Madrid no podrán alquilarse por habitaciones

Madrid, 3 mar (EFE).- Las viviendas de uso turístico ya no podrán alquilarse por habitaciones en la Comunidad de Madrid, según el nuevo decreto para regular este tipo de actividad en la Comunidad de Madrid, una posibilidad que sí estaba contemplada en el anterior borrador pero que se elimina ahora tras el periodo de alegaciones.

Esta normativa, publicada en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, no es definitiva puesto que está pendiente del dictamen por la Comisión Jurídica Asesora, y sustituirá a la anterior, de 2014, cuando se regularon por primera vez las viviendas de uso turístico en la región.

La Comunidad de Madrid recibió 45 alegaciones al anterior borrador del decreto, publicado en diciembre de 2017, entre ellas el Ayuntamiento de la capital sobre el número de pisos turísticos que puede haber implantados en un edificio.

El Gobierno regional fijó en un primer momento que este tipo de viviendas no podía superar el 75 % del inmueble, que se reducía al 50 % en aquellos edificios que pertenezcan a un único propietario.

Este punto desaparece porque el Ayuntamiento de Madrid alegó que el decreto no puede establecer el número o proporción de viviendas de uso turístico respecto al total de viviendas de un inmueble, ya que esto es materia de «ordenación urbanística», de acuerdo con la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid del año 2001.

Además, desaparece el plazo mínimo de tres meses de actividad que se exigía para que un piso fuera considerado de uso turístico y recupera el concepto de «habitualidad».

Según la normativa, tienen la consideración de viviendas de uso turístico aquellos pisos, estudios, apartamentos o casas que, de forma habitual, amueblados y equipados en condiciones de uso inmediato, son comercializados y promocionados en canales de oferta turística o por cualquier otro modo de comercialización o promoción, para ser cedidos en su totalidad con fines de alojamiento turístico y a cambio de un precio.

Se introduce también por una referencia a la Ley de Propiedad Horizontal, que contempla la posibilidad de prohibir la implantación de viviendas de uso turístico en aquellas comunidades de propietarios en cuyos estatutos lo recojan «de forma expresa».

Como ya contemplaba el anterior borrador, estas viviendas deberán obtener un certificado de idoneidad (CIVUT) expedido por un arquitecto o técnico competente, un documento técnico cuya finalidad es garantizar al usuario que donde va a alojarse cumple unos concretos parámetros «razonables y proporcionados».

Esos requisitos, entre otros, son disponer de agua fría y caliente, calefacción, al menos una ventilación directa al exterior, disponer de un extintor en el interior de la vivienda o un plano de evacuación en un lugar visible.

Los propietarios de los establecimientos de alojamiento turístico deberán remitir a la Policía o la Guardia Civil la información relativa a la estancia de las personas que se alojan en ellos, de acuerdo con las normas legales de registro documental

Las viviendas de uso turístico dadas de alta con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto dispondrán de un plazo de seis meses desde su publicación para adecuarse a sus disposiciones.

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