El paso atrás de FG en el BBVA marca el inicio de su posible camino judicial

Madrid, 16 mar (EFE).- «Durante el último año hemos sufrido una larga y continua agresión mediática derivada de las investigaciones policial y judicial», lamentaba el hasta ahora presidente de honor del BBVA, Francisco González, en su despedida temporal de una entidad que lideró durante más de dos décadas.

Las portadas en los medios, los mismos a los que no hace mucho se dirigía para explicar, orgulloso, los últimos hitos del banco, se habían convertido en un lastre desde que la pasada primavera aflorase el pago de cinco millones de euros al Grupo Cenyt, sociedad vinculada al polémico excomisario de Policía José Villarejo.

Ni los buenos resultados, ni la decisión de delegar la gestión diaria en el que había sido su consejero delegado, conseguía apartar el foco de González, conocido popularmente como FG, que a principios de este año se veía involucrado en una presunta trama de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que tenía por objetivo, en teoría, evitar el intento de Sacyr por controlar la entidad en 2004.

Cuando las filtraciones sobre las chanzas del excomisario parecían poner en jaque a ciertos cargos de la política y la justicia nacional, la «operación Trampa» destapaba lo que algunos de los afectados por los pinchazos telefónicos y los seguimientos han definido como el mayor escándalo de corrupción empresarial de la historia de España.

15.000 llamadas intervenidas devolvían al banquero a una arena judicial en la que ya tuvo que lidiar por las supuestas irregularidades, finalmente archivadas, en la venta de su sociedad, FG Inversiones Bursátiles, a Merril Lynch en 1996.

Aunque la presidencia de honor apuntaba a su caducidad, la apertura de esta novena pieza separada del «caso Tándem» animó a los espiados a defender su intimidad en los tribunales, como el expresidente de Sacyr Luis del Rivero, el exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Arenillas o el exministro de Industria Miguel Sebastián, lo que precipitó el paso atrás de González.

Hechos que narran en sus escritos, los cuales relatan la magnitud del dispositivo de Villarejo, que incluía ocho equipos de personal especializado, doce coches y cinco motos para vigilancia y transporte, tres vehículos base para comunicaciones, software y hardware para acceder a bancos de datos, y equipos de audio, fotografía y vídeo.

De su encargo, el expolicía reportaría directamente a otro excomisario, el entonces jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, que en uno de los pinchazos, publicados por el diario digital Moncloa.com, dice que el «presi» le llamaba cada diez o quince días y que quería informes más simples pues «ni siquiera lee las conclusiones, que hay que decirle pim, pim, pim y pim».

Todo con el objetivo de conocer las acciones e intimidades del llamado «Grupo Hostil» de cara, supuestamente, a desacreditarlos.

Si bien el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón continúa a la espera de recibir toda la información de la que disponga el BBVA sobre los servicios prestados por Villarejo antes de ordenar prueba alguna, tales acusaciones ponen a González en la picota.

Querella al margen, Del Rivero ha aprovechado la última junta para cargar contra él por hacer creer que el intento de toma de control del banco era una operación política «por sus orígenes», ya que FG llegó al BBVA directo de la presidencia de Argentaria, la cual ocupó por decisión del Gobierno de José María Aznar.

No obstante, el único compromiso pendiente de González en la Audiencia Nacional es el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, en el que comparecerá como testigo tras haber sido señalado por el que fuera su competidor -y otrora allegado- Rodrigo Rato, también espiado por Villarejo.

«Para evitar que se utilice mi persona para dañar a la entidad, he decidido abandonar temporalmente los cargos en la fundación y en el banco, mientras concluyen la investigación en curso», apunta FG en su misiva a su predecesor, Carlos Torres Vila.

A la espera de conocer el resultado de las pesquisas internas sobre los trabajos de Cenyt, la maraña sigue espesándose en una vía judicial aún en fase muy inicial en torno a un «encargo privado» tras el cual subyacen, según la defensa del expolicía, intereses estratégicos del Estado en los que la entidad actuó de «actor ocasional» e «incluso es muy posible que desconociera».

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