El déficit baja al 2,63 % en 2018 y permite abandonar el control de Bruselas

Madrid, 29 mar (EFE).- El déficit público bajó en 2018 hasta el 2,63 % del PIB, lo que sitúa a España en condiciones de abandonar después de una década el procedimiento de déficit excesivo (PDE) y el consiguiente control de las cuentas por parte de Bruselas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado de «magnífica noticia» que España vaya a salir del brazo correctivo, asociado a un déficit superior al 3 % del PIB, algo tendrá que ser confirmado por las autoridades europeas.

El déficit del conjunto de las administraciones públicas se situó el pasado año en 31.727 millones de euros (sin contar las ayudas a la banca), un 2,63 % del PIB, tras reducirse en 4.098 millones con respecto a 2017, cuando era del 3,03 % del PIB.

Esta corrección se logró gracias a que el aumento de los ingresos -del 6 %, hasta los 468.836 millones- superó al de los gastos -del 4,7 %, hasta los 500.641 millones-.

España incumple así el objetivo de déficit oficial, que era del 2,2 % del PIB, aunque se sitúa por debajo de la previsión que el propio Gobierno había remitido a Bruselas (2,7 % del PIB).

Por subsectores, la administración central -sin incluir las ayudas a la banca- acumuló un déficit de 18.121 millones, lo que equivale al 1,5 % del PIB, por encima de su objetivo (0,7 % del PIB).

El pasado año, los ingresos tributarios del Estado lograron un máximo histórico con 208.685 millones de euros, un 7,6 % más, impulsado por los grandes impuestos: IRPF -82.859 millones, un 7,6 % más-, IVA -70.177 millones, un 10,3 % más- y sociedades -24.838 millones, un 7,3 % más-.

También incumplió su meta la Seguridad Social, que con 17.088 millones alcanzó el 1,41 % del PIB, cuando el objetivo era del 1,1 % del PIB.

Las comunidades autónomas sumaron un déficit de 2.810 millones, un 0,23 % del PIB, con lo que cumplieron holgadamente su objetivo (0,4 %). Cinco lograron superávit -Asturias, Canarias, Galicia, Navarra y País Vasco- y una, Extremadura, equilibrio.

Las corporaciones locales se anotaron un superávit de 6.292 millones, un 0,52 % del PIB, una cifra casi un 12 % inferior a la de 2017.

Cuando España abandone el procedimiento de déficit excesivo pasará al denominado brazo preventivo, en el que se vigila el déficit, la deuda y el gasto para evitar que las cuentas públicas vuelvan a descontrolarse.

Esta vigilancia incluye la denominada regla de gasto europea, que impide que el gasto público crezca más que la propia economía, en la que se incluirá el gasto de la Seguridad Social, algo que ahora no ocurre, según ha apuntado Montero.

La ministra ha subrayado que el país «sigue avanzando en la consolidación fiscal» y ha explicado que el Ejecutivo trabaja con el objetivo de lograr cerrar 2019 con un déficit del 2 % del PIB, por encima de la meta oficial (1,3 % del PIB), pero por debajo de la horquilla que el Gobierno estimaba que se alcanzaría al no aprobarse el proyecto presupuestario de 2019 (2,2-2,4 % del PIB).

Hacienda también ha avanzado los datos de ejecución presupuestaria del Estado de los dos primeros meses del año, que arrojan un déficit de 11.747 millones de euros, un 16,2 % más que en el mismo periodo de 2018, lo que equivale al 0,94 % del PIB.

Los ingresos aumentaron un 1,5 % pese al descenso de la recaudación por IRPF -por mayores transferencias a las autonomías- y sociedades -por un efecto extraordinario en 2018-.

Los gastos, por su parte, se dispararon un 6,1 % por las mayores transferencias a las comunidades autónomas, la mayor aportación a la Unión Europea, la subida del sueldo de los funcionarios y la devolución del IRPF retenido a las prestaciones por maternidad tras la sentencia del Tribunal Supremo que las ha declarado exentas.

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