Madrid, 31 mar (EFE).- La proliferación de pisos turísticos, sobre todo en el centro de las ciudades, ha llevado a las principales urbes de España y de Europa a limitar esta actividad con medidas que van desde el establecimiento de registros previos y condiciones específicas hasta la moratoria en algunas áreas.
La regulación de los apartamentos turísticos ha vuelto esta semana a la actualidad al aprobar el Ayuntamiento de Madrid una nueva normativa que exige a los propietarios una licencia de actividad y un acceso independiente para los pisos que se alquilen más de noventa días al año.
Cataluña fue pionera en la regulación de esta actividad, un proceso que inició hace siete años, y ahora la Generalitat prepara una nueva normativa.
Entre otras novedades, la norma permitirá a un turista alquilar una habitación dentro de una casa, una medida que ha causado polémica entre algunos sectores como el hotelero.
En Barcelona, donde la concesión de licencias turísticas está congelada desde 2014, la regulación establece que, si un piso deja la actividad en el centro, se permitirá compensarla en la periferia.
San Sebastián, una de las ciudades más turísticas de España, cuenta con una ordenanza que regula las viviendas turísticas desde el 1 de marzo del año pasado.
Esta ordenanza limita el número de pisos por edificio, pone condiciones de habitabilidad, de ocupación y de superficie, y obliga a comunicar la actividad a las instituciones y a la comunidad de propietarios.
El reglamento también divide la ciudad en zonas a las que se aplican distintos grados de restricciones.
El Ayuntamiento de Bilbao aprobó en enero de 2018 una nueva regulación que establece que los pisos turísticos solo se permitirán en la primera planta de los edificios residenciales o en las plantas inmediatamente inferiores a las viviendas habituales.
El incumplimiento de esta norma puede ser sancionada con hasta 100.000 euros.
La Comunidad Valenciana reguló esta actividad en 2018 y prohibió alquilar viviendas para actividad turística que no estén previamente registradas. Las sanciones también pueden llegar hasta los 100.000 euros.
En Palma de Mallorca no hay pisos de alquiler turístico legales, porque desde abril del año pasado el arrendamiento vacacional está prohibido en todo el municipio por decisión del Ayuntamiento.
El Gobierno municipal había sido habilitado por la ley autonómica para "zonificar" los usos turísticos de las viviendas.
En Andalucía, desde 2016, es obligatorio inscribir los pisos turísticos en un registro y existe una normativa que establece una serie de requisitos mínimos para este tipo de inmueble.
El 58 % de los inmuebles inscritos en el registro está en la provincia de Málaga.
Fuera de España, en París, los propietarios deben estar registrados y no pueden alquilar el piso más de 120 días al año.
Los servicios municipales han reforzado los controles para descubrir a los infractores y hasta comienzos de año habían impuesto multas por más de 2 millones de euros.
El concejal responsable de Urbanismo, el comunista Ian Brossat, quiere que se prohíban los alquileres turísticos en el centro de la ciudad.
En Londres, donde el centro ya está saturado de pisos turísticos, la oferta se ha ido desplazando a barrios periféricos y a los alrededores de la ciudad.
La regulación obliga a tener una licencia especial del ayuntamiento para alquilar este tipo de viviendas durante más de 90 días al año.
En Alemania, Berlín es la ciudad en la que el conflicto por los pisos de alquiler turístico es más patente.
El año pasado aprobó una ley para restringir los alquileres que obliga a los propietarios a registrarse, establece una serie de requisitos y fija sanciones de hasta 500.000 euros.
Fráncfort y Dortmund han llegado a sendos acuerdos con Airbnb para percibir directamente una tasa turística cuando el cliente paga a través de la aplicación.
En Italia, uno de los destinos turísticos más populares del mundo, existe desde 2017 un impuesto que grava específicamente esta actividad, conocida como "tasa AirBnB".
El propietario debe pagar un 21 % de lo que cobra al usuario por alquileres considerados breves (los de menos de treinta días).
Además la reciente ley de seguridad obliga a comunicar a la Policía los datos de las personas que se alojan en este tipo de viviendas.
En Lisboa también es necesaria una licencia para destinar una vivienda a alquiler turístico.
Los barrios históricos concentran en torno al 40 % de los pisos turísticos y el Ayuntamiento suspendió en noviembre nuevos registros en algunos de ellos.
El consistorio considera que los pisos turísticos no deben representar más del 25 % de la vivienda disponible, pero ese porcentaje se ha superado ya en varios lugares.
En Nueva York, el mayor mercado de Airbnb en EEUU, la legislación prohíbe alquilar un apartamento o una habitación para una estancia inferior a 30 días, salvo que el dueño del espacio viva de forma permanente en la propiedad.
La alcaldía pleitea para que Airbnb y otras plataformas informen mensualmente de los nombres y direcciones de sus anfitriones y especifiquen qué tipo de vivienda alquilan, pero la medida está paralizada por la justicia federal.
