Lima, 30 abr (EFE).- El fallecido expresidente peruano Alan García fue el destinatario final de un soborno por 1,3 millones de dólares que entregó la constructora brasileña Odebrecht en una empresa inscrita en Andorra, confesó ante la Fiscalía de Perú el exfuncionario Miguel Atala, quien está implicado en este caso.
La confesión de Atala, exvicepresidente de la petrolera estatal Petroperú, fue revelada este martes por el fiscal del caso, José Domingo Pérez, quien en una audiencia judicial señaló que se trata del primer testaferro confeso de García, quien se suicidó hace dos semanas antes de ser detenido por esta investigación.
Según las actas leídas por Pérez durante la audiencia en la que se analizó un pedido de prisión preventiva contra Atala y otros implicados, el exfuncionario confesó que se hizo apoderado de la empresa en Andorra Ammarin Investment para recibir 1,3 millones de dólares de Odebrecht entre 2007 y 2009.
Atala dijo que el propio García le confirmó, en una visita que hizo a Palacio de Gobierno durante su segundo gobierno (2006-2011), que el dinero en esa cuenta era suyo y le pidió que se lo fuera entregando progresivamente,
Agregó que el entonces secretario de la Presidencia, Luis Nava, quien también está detenido por este caso, fue quien lo contactó a fines de 2007 para ser apoderado de la empresa y le dijo que ahí recibiría dinero “legal”, aportado por empresas privadas.
El exfuncionario explicó que “cada vez que (García) necesitaba dinero (de esa cuenta) me llamaba por teléfono previamente y me citaba a diversos lugares”.
“Le he entregado dinero en diversas ocasiones y lugares” agregó antes de mencionar al Palacio de Gobierno, sus domicilios en los distritos limeños de Surco y Miraflores y al instituto que el exmandatario dirigía en una universidad privada.
Alan García era investigado por el fiscal Pérez por su presunta implicación en los sobornos que entregó Odebrecht para obtener el contrato para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, la carretera Interoceánica sur y otras obras de infraestructura.
El exgobernante se suicidó el pasado 17 de abril cuando un fiscal llegó a su casa para notificarlo de su prisión preliminar durante diez días, la misma medida que se aplicó para Atala, Nava y un hijo de cada uno, también implicados en esta investigación.
Tras leer la confesión, el fiscal concluyó ante el tribunal que el dinero que aparece como aporte a Ammarin Investment INC en los documentos del sistema Drousys o MyWebDay de la Caja 2 de Odebrecht, “corresponde, como lo ha dicho en su confesión Miguel Atala Herrera, a quien fuera presidente de la República Alan García”.
La Fiscalía señala que Odebrecht también habría entregado otros 3 millones de dólares a García, mediante Luis Nava, tal como declaró a Pérez el exsuperintendente de la compañía en Perú Jorge Barata.
Al acogerse a la confesión sincera (delación premiada), Atala logró que el fiscal modifique el pedido de prisión preventiva en su contra por el de arresto domiciliario, así como la excarcelación de su hijo Samir Atala, implicado igualmente en esta trama de sobornos.
Pérez argumentó que Atala le dijo haber “recibido amenazas de una facción del Partido Aprista”, que lideraba García, y que temía por su integridad al estar detenido junto a otros imputados e integrantes de la organización criminal.
El hijo de Atala tendrá comparecencia restringida, al igual que el hijo de Luis Nava, José Nava Mendiola, quien también ha confesado a la Fiscalía que su padre recibió los aportes de Odebrecht para el exmandatario, según reveló Pérez.
La defensa de Nava señaló, por su parte, que los hechos imputados están prescritos y negó que se haya podido sustentar su vinculación con la comisión de los delitos de colusión y lavado de activos.
Por su parte, los legisladores del Partido Aprista rechazaron las declaraciones de Atala y pidieron que sean corroboradas por las autoridades antes de tomarlas como un hecho concluyente.
“Solo señalar a una persona que está muerta, es sumamente fácil para cualquier inculpado, para liberarse de imputaciones penales. Echar la culpa a quien no se puede defender”, manifestó el legislador Mauricio Mulder.
Su colega Jorge del Castillo, exprimer ministro de García en su segundo gobierno, consideró que “personas que, por salvar su responsabilidad individual o de su familia y preservar sus bienes, no han tenido ningún problema de mentir antes o seguir mintiendo”.
A su vez, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, declaró que en todos los casos de corrupción “lo que quiere la población de todo el Perú es saber la verdad” y que se espera llegar “a esa verdad para fortalecer las instituciones”.
